Hace unas semanas se dio a conocer la intención del Ayuntamiento de Gómez Palacio de solicitar un préstamo bancario por el orden de los 254 millones de pesos con el propósito de tapar el hueco que ellos mismos, desde los meses en que Ricardo Rebollo era el alcalde, se generaron en un sobre ejercicio y también, la caída de los ingresos generales por la crisis económica.
De entrada la alternativa de pedir un crédito que representa algo así como el 30% del presupuesto anual del Municipio, sonaba ya hiriente para la ciudadanía, ya que en particular en estos días ya por demás aciagos en la cosa pública, donde la inmensa mayoría de la clase política mexicana son un verdadero asco por abusivos, el que en el terruño lagunero se esté viviendo un desorden en el cuidado de los recursos es ahora más que nunca un escupitajo en el rostro del ciudadano común, que para el año que entra encontrará a su país más deteriorado que nunca.
Ayer en las páginas de El Siglo, una investigación periodística revelaba que los miembros del cabildo, intentarían incluir en el destino que se le daría a ese crédito, un bono llamado de productividad -el cinismo está ya llegando a niveles insospechados en la política- por la friolera cantidad de doscientos cincuenta mil pesos para cada miembro del propio cabildo, conformado por dieciséis personas. Es decir, de entrada se le pellizcaría cuatro millones de pesos de los 254 que se pretenden adeudar. Vaya, en otras palabras los regidores quieren meterse una comisión del 1.6% del valor total del empréstito pretendido.
Hoy las reacciones son diversas de los miembros del cabildo gomezpalatino. En primer lugar, el alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa rechaza la versión de que efectivamente los regidores se quieren repartir una lana. Señala el edil que el dinero que se pretende obtener es para "obras que están en proceso, proyectos futuros y adquisición de activos". Además señaló que él no está de acuerdo que se lleguen a dar ese bono, dada la época de crisis.
Sin embargo, otras declaraciones recogidas entre los regidores señalan cosas que hacen pensar que efectivamente los regidores están pensando en agenciarse ese dinero público, como la regidora priista Virginia Leyva que calificó como "cobarde" la acción de sus pares regidores que de forma anónima informaron la intención de realizarse semejante atraco al dinero del pueblo. Leyva en vez de rechazar la información que publicó El Siglo, termina justificándose de que le parece demasiado que el pretendido bono ascienda a 250 mil pesos, pero declara: "No creo que sea esa cantidad porque no es justo que nos llevemos gran tajada de los impuestos, pero si se da el bono qué bueno, a nadie le cae mal un dinerito". A su vez, el también regidor priista Raúl Antonio Meraz señala: "Habría que analizarlo bien y si se da, que sea algo modesto y congruente con la realidad económica de nuestras familias gomezpalatinas". Los panistas Jorge Calero y Alberto Castellanos señalan: "Si se llega a otorgar, pero algún regidor del PAN no lo acepta, entonces se lo van a clavar otros y mejor aceptarlo, decir cuánto es y donar a la beneficencia" dice Calero, mientras Castellanos manifiesta: "Tendría que ser parejo, no podrían diferenciar, no se nos olvide; somos de diferentes partidos pero al final aquí ya no somos de ningún partido". En las cuatro declaraciones, más las que vierte el propio presidente Calderón, no hay una sola que niegue categóricamente la información de que existe la intención de llevarse el mentado bono de productividad, que en este caso preciso se habla de un cabildo que sus reuniones tienen una duración promedio de 15 minutos y que tienen un rezago importante en materia de reglamentación en general.
Si de por sí la propia contratación del crédito tiene que ser plenamente justificada, tarea que en cuanto a comunicación está dejando mucho que desear por Gómez Palacio, no tienen vergüenza si los regidores se atreven a meterse ese dinero, tal como lo han andando cuchicheando.
