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Hoy es domingo 29 de noviembre de 2009

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La inseguridad en México se refleja todos los días en las cifras de asesinados a lo largo del país; a la par, indicios de actos de “justicia” por propia mano también se hacen presentes.

Según el último conteo de la prensa, de enero a octubre de este año se registraron en México más de 6 mil 400 ejecuciones, la mayoría relacionadas con el narcotráfico.

El estado de Chihuahua presentó durante ese periodo más de dos mil 400 asesinatos violentos, de ellos el 70 por ciento, es decir más de mil 800, se registraron en el municipio de Ciudad Juárez.

Los primeros mil muertos del año se alcanzaron en 51 días, mientras que los mil siguientes se registraron en 59.

Chihuahua se ha situado este año, por segunda vez consecutiva, como el estado con más crímenes vinculados al narcotráfico.

¿Un pretexto?

La descomposición social comienza a percibirse con sospechas de que grupos, aparentemente ajenos al crimen organizado, también cometen asesinatos, ya se en venganza o como pretexto de exterminar al hampa.

El jueves pasado, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (no gubernamental) de Sinaloa, Leonel Aguirre Meza, y la presidenta del Frente Cívico Sinaloense externaron su temor a que "escuadrones de la muerte" pudieran ajusticiarse por propia mano. Una situación muy peligrosa, pues está al margen de la ley.

En el caso específico de Sinaloa, desde hace ya algunos meses se alertó sobre una campaña contra robacoches. Incluso, en agosto pasado una matanza en el municipio de Navolato evidenció que los mensajes dejados en los cadáveres de presuntos delincuentes no eran una broma.

Durante una fiesta en el municipio sinaloense murieron ocho personas, entre ellas varios menores de edad, luego de que un comando ingresó y rafagueó a la multitud. La Procuraduría local admitió que una de las líneas de investigación era la de un ajusticiamiento contra robacoches.

Desde meses pasados en esa entidad, han aparecido cadáveres con mensajes en donde excusaban el crimen por tratarse de un presunto ladrón. Además, colocaban autos de juguete junto a los cuerpos.

El alcalde de San Pedro

Ayer martes, el alcalde del municipio más rico del país, San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, continuó con la polémica desatada el pasado fin de semana luego de que revelara la muerte de unos supuestos narcos de los Beltrán Leyva, ocurrida en la ciudad de México, el dicho no generaría mayor sorpresa de no ser porque el alcalde declaró la referida muerte antes incluso de que la autoridad del DF lo supiera.

Fernández Garza, de extracción panista y electo para gobernar el municipio de San Pedro Garza García hasta 2012, declaró durante su toma de protesta, el sábado pasado, una guerra frontal contra el crimen organizado, asegurando que aún fuera del límite de sus atribuciones como alcalde terminará con los secuestros, extorsiones y tráfico de drogas en su demarcación.

Cuando presentó su plan de seguridad, que incluye la operación de equipos especiales de "limpieza" y de trabajo rudo para eliminar grupos del crimen organizado, giros negros y 300 puntos de venta de droga en el municipio, reveló de la muerte del operador de los Beltrán, mismo que supuestamente lo amenazó de muerte.

Y apenas el pasado lunes dijo que ante el crimen organizado no sería espectador.

Matazetas

En Veracruz, alguien subió videos a YouTube de un interrogatorio a presuntos “Zetas”, brazo armado del cártel del Golfo; entre los interrogados se identificó a un ex futbolista del equipo de los Tiburones, luego, todo el grupo apareció muerto. Los presuntos autores se autonombraron “matazetas”.

Los videos subidos a la red fueron acompañados de una carta dirigida al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la que los “matazetas” elogiaban la entrega del mandatario en el combate a la delincuencia organizada.

"Aquí habemos hijos, hermanos y padres de empresarios, ganaderos y comerciantes privados de sus vidas por negarse a pagar las famosas cuotas", se mencionó en la misiva que acompañó los videos en los que se sometía a un interrogatorio a los seis supuestos “Zetas”.

Los presuntos videograbantes tenían aspecto militar aunque no se pudo comprobar ningún vínculo con las fuerzas castrenses.

¿Patria y justicia?

Apenas a principios de 2009, un grupo autodenominado Comando Ciudadano por Juárez (CCJ) hizo llegar una proclama a los medios de comunicación en el que se erigía como justiciero de la sociedad. “Patria y justicia” fue su lema.

Su objetivo, según el mismo boletín, era "terminar cada 24 horas con la vida de un criminal... (porque) más vale la muerte de una mala persona a que esta mala persona continúe contaminando nuestra región".

El comunicado del CCJ señalaba que difundiría "un manifiesto para que los interesados en limpiar nuestra ciudad de estos criminales se puedan unir al comando". E invitaban a los ciudadanos a sumarse: "Si tienen identificado a criminales (sic) pronto podrán mandar (los datos) a una dirección electrónica para poder acabar con su vida".

Comandos blancos

Según publicó la revista “Proceso” en su especial “El México Narco”, en Tijuana y el Distrito Federal operan grupos armados dedicados a eliminar a presuntos delincuentes, algunos auspiciados por empresarios ante el aumento de la inseguridad.

Dichos grupo serían una especie de comandos blancos justicieros, semejantes a los llamados “Pepes” colombianos.

Sin embargo, al final se supo que el grupo de aquella entidad llamado Perseguidos por Pablo Escobar (PPE) no eran ni tan ciudadano ni tan justiciero.

A principios de los 90, cuando el narcoterrorismo en Colombia cobraba una fuerte sangría, aparecieron los PPE, que terminaron en el vocabulario popular como “los Pepes”, quienes asesinaron a unos 50 colaboradores del líder del cártel de Cali, Pablo Escobar.

Para la gente eran como justicieros, pero al final se supo que la CIA y la DEA formaban sus filas.

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