Ven riesgos para Pemex

La controversia constitucional en contra de los reglamentos de la Ley de Pemex y de la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional que aprobaron el martes el PRI y el PRD en el Senado, podría poner en riesgo la producción de petróleo del país y el nuevo esquema de contratación, según especialistas.

Riesgos. Rogelio López Velarde advirtió sobre los riesgos de las controversias aprobadas el martes pasado.

Miriam Grunstein, investigadora del CIDE, indicó que la controversia contra los reglamentos torales de la reforma energética que aprobó el Senado, podría congelar su instrumentación y poner en riesgo la producción de petróleo.

Una vez que se aprobó la presentación de la controversia por parte del Legislativo, la cual considera que su atribuciones fueron rebasadas por el Ejecutivo, se redactará para entregarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que ésta le dé entrada, si así lo considera.

De acuerdo con los puntos aprobados en la controversia, se impugna la fórmula de precios establecidos en el reglamento de la Ley de Pemex porque liga la contraprestación de los contratos con la producción de petróleo, a juicio del PRD. Además de que se debilitan las facultades del Consejo de Administración.

En el caso del reglamento a la Ley Reglamentaria, se impugna todo lo referente al transporte, almacenamiento y distribución de refinados importados y del crudo importado. Los legisladores señalan que están creando derechos a particulares que no tienen sustento legal.

Dicho documento será presentado este viernes ante la SCJN, por lo que de aceptarse los nuevos contratos de desempeño, origen toral de la reforma, quedarían prácticamente congelados hasta la resolución del Poder Judicial.

El proceso de resolución por parte de la SCJN podría tardar entres seis y ocho meses, lo que podría retrasar aún más la instrumentación de la reforma.

Rogelio López Velarde, abogado de la firma Lopez Velarde, Heftye y Soria, consideró que lo que seguramente se pedirá es la suspensión de los artículos que consideran están violando la reglamentación constitucional.

"Esto es un golpe fuerte para la dinámica que traía la reforma de sacar nuevos contratos, incluso retrasarlos por el alto grado de incertidumbre que representa llevar el caso ante la Corte", dijo.

"Aún suponiendo que no se presente una la suspensión, los inversionistas interesados en los contratos incentivados esperarán a lo que decida la Suprema Corte que requiere ocho votos a favor para proceder en este sentido", explicó.

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