'Compra y coacción del voto se duplicó el 5 de julio'

La compra y coacción del voto en los pasados comicios del 5 de julio - cuando se renovó la Cámara de Diputados y hubo elecciones concurrentes- se duplicó en comparación con la elección federal de 2006.

De acuerdo con un "Monitoreo ciudadano" elaborado por Alianza Cívica, al menos el 27% de los ciudadanos estuvo expuesto a algún tipo de práctica de coacción o compra del voto como que le pidieran su credencial para votar para condicionarlo a sufragar por un partido político.

Rogelio Gómez-Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, y el ex consejero electoral Jesús Cantú señalaron que estas prácticas se incrementaron porque tras la reforma electoral de 2007, los partidos contaron con mayores recursos económicos que destinaron a las "campañas de tierra", donde es más difícil de detectar el origen y destino del dinero.

En los comicios del 5 de julio pasado, ocho los institutos políticos que contendieron tuvieron una bolsa de tres mil 633 millones de pesos para actividades ordinarias y gastos de campaña.

De 10 entidades monitoreadas, los distritos electorales de Valle de Chalco, Ecatepec de Morelos y Toluca, en el Estado de México, fueron los que registraron mayor incidencia de compra y coacción del voto.

En la lista del clientelismo siguen un distrito de Saltillo, Coahuila, otro de Teotitlán de Flores Magón, en Oaxaca, y uno más de Tequila, Jalisco. En el Distrito Federal, un distrito electoral de la delegación Benito Juárez encabeza la lista de lugares donde más se presentó esa práctica.

De acuerdo con la medición, las personas que reciben algún programa social están más expuestas a las prácticas de compra y coacción de voto, lo cual demuestra el abuso de los partidos hacia los más vulnerables.

Gómez-Hermosillo dijo que el excesivo financiamiento público sirvió para reforzar el clientelismo electoral y la violación de la dignidad ciudadana en 2009, por lo que se pronunció a favor de la democracia y anunció que harán una campaña para reducir el monto del financiamiento público para los partidos.

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