Detenidos 573 servidores públicos por vínculos con el crimen
El titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora ofrece conferencia de prensa, la mañana de este viernes en las instalaciones de la dependencia. (EL UNIVERSAL)MÉXICO, DF.- Durante los dos años y medio de la administración del presidente Felipe Calderón han sido detenidos 573 servidores públicos de los tres niveles de gobierno por su presunta colaboración con la delincuencia organizada de todos los grupos criminales que actúan en el país, afirmó hoy el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
De ese total, 373 son miembros de la seguridad publica municipal, 155 policías ministeriales y preventivos estatales y 45 de instancias federales, agregó en un mensaje ante medios de comunicación.
Dijo que el trabajo para desarticular los ejes de protección que favorecen al crimen organizado es un esfuerzo nacional que cuenta con el apoyo de las autoridades, sociedades locales, en todos los espacios del país.
Medina Mora expresó su respeto y aprecio al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, donde esta semana fueron detenidos 29 funcionarios, entre ellos 10 alcaldes, por su presunta vinculación con la organización de "La Familia Michoacana".
Posteriormente dijo que también reconocía a los presidentes municipales y gobernadores de todas las entidades del país en las cuales ha habido detenciones de policías, directivos de cuerpos de seguridad publica, de procuración de justicia.
Mencionó las ciudades de Monterrey y Apodaca (Nuevo León), Torreón (Coahuila), Gómez Palacio y Durango (Durango), Mexicali y Tijuana (Baja California), Cárdenas, Centro y Tenocique (Tabasco), Zihuatanejo y Acapulco (Guerrero).
Asimismo, el procurador agradeció la colaboración que han prestado en este esfuerzo nacional los mandatarios de Aguascalientes. Tamaulipas, Tabasco, Nuevo León, Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Zacatecas, estado de México, Veracruz, Coahuila, Chiapas y Guerrero, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Aseguró que todos los gobiernos de los estados y municipios afectados prestan su colaboración en la depuración de sus instituciones, "conscientes de que es un esfuerzo conjunto que solamente tiene como fin último el beneficio de la sociedad".
Se trata de recuperar para los ciudadanos el derecho a vivir en paz y tranquilidad, de poner limite a la capacidad de estas organizaciones de arrebatar esa tranquilidad, indicó.
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