A pesar de que el espécimen puesto a su consideración grazna como pato, camina como pato, vuela como pato, nada como pato, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideraron que no se trata de un pato, como si para identificarlo fuera necesario un manual de ornitología y no sólo abrir los ojos y los oídos. Al negar que mensajes del Partido Verde pagados a las televisoras integrantes del duopolio sean propaganda electoral, los representantes del máximo órgano de la justicia electoral hirieron de muerte a la reforma que en 2007 pretendió que el dinero dejara de ser elemento crucial de la competencia por los votos.
La historia comenzó el 18 de marzo, cuando empezaron a aparecer en los canales de Televisa y de TV Azteca mensajes del Partido Verde en que la presidenta de su grupo parlamentario en San Lázaro, la diputada Gloria Lavara, ensalzaba la iniciativa de su partido en torno de la pena de muerte, en la misma línea de argumentación (de algún modo hay que llamarla) que se echa encima de los ciudadanos desde una gran cantidad de anuncios espectaculares distribuidos profusamente en todo el país.
Varios partidos denunciaron la difusión de esos mensajes como lo que eran, propaganda electoral cuya difusión en tiempos y espacios pagados en la radio y la televisión está prohibida por la Constitución y el Código electoral. El Instituto Federal Electoral conoció el caso y lo resolvió el 30 de marzo: condenó al partido de la familia González Torres Martínez a pagar casi diez millones de pesos (9.489, 168 pesos exactamente) por contratar la difusión de ese spot hasta en 206 ocasiones. La resolución fue adoptada por mayoría de cinco votos, incluido el del consejero presidente, votaron en contra los consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Baños, Marco Antonio Gómez Alcántar y Francisco Xavier Guerrero, que suelen coincidir con las posiciones del partido infractor y su aliado el PRI y que también se oponen a sancionar a las televisoras.
Conforme a su derecho, el Verde acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se revocara la sanción establecida. Pero hizo algo más: en un gesto de espectacularidad obviamente destinado a no prosperar, solicitó amparo ante la justicia federal. Y relapso, en abierto desafío a la autoridad electoral, contrató nuevos espacios en las mismas empresas que le habían favorecido la inicial violación a la Constitución y la ley. Esta vez el diputado Xavier López aparecía en conversación con la jovencita actriz y cantante Maité Perroni, que se maravillaba de los logros legislativos del Partido Verde, como la prohibición de comerciar diversas especies animales.
El 6 de abril el consejo del IFE sancionó esta nueva infracción con poco más de diez millones de pesos (10. 049, 929). Como en la anterior oportunidad, el Verde y sus acompañantes alegaron que no se trataba de propaganda sino de informes de labores de diputados, que no eran candidatos a ningún cargo. La sanción fue acordada por los consejeros María Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Naciff, Arturo Sánchez Gutiérrez y Leonardo Valdez (que encabeza el consejo) y a ella se opusieron los mismos consejeros que lo hicieron en la sesión del 30 de marzo. Como en esa misma ocasión la pena incluía la suspensión inmediata de los mensajes, pero siguieron apareciendo hasta al menos 48 horas después de la resolución del IFE.
El viernes pasado, 8 de mayo, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendió los recursos del Partido Verde. De modo sorpresivo, seis magistrados (Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Alejandro Luna Ramos Salvador Nava Gopar y Pedro Estaban Penagos) se adhirieron a la ponencia de su presidenta, María del Carmen Alanís, que no vio en los mensajes del Verde asomo alguno de propaganda electoral y por lo tanto no advirtió que se hubiera infringido la ley. A ojos profanos había ocurrido lo contrario: por el momento en que se difundieron los spots (a la mitad del proceso electoral, después de las precampañas y antes de las campañas, porque el emblema del partido figuraba ostensiblemente, porque se enumeraban logros, presuntos o reales del PVEM), se trataba de propaganda en medios donde está prohibido realizarla de ese modo, y con ello se alteraba la equidad, pues el resto de los partidos guardaba silencio mientras que el Verde sacaba provecho de su actuación ilegal,
Si se tratara sólo de eso, de una decisión que beneficia a un partido infractor, la sentencia del tribunal hubiera sido grave. Pero su significado es mucho mayor, más dañino, inadmisible. El tribunal electoral mató la reforma constitucional de noviembre de 2007. En ese acto esterilizó su propósito de mayor alcance, de más intensa densidad republicana. Mediante la enmienda constitucional se trató de evitar que el dinero fuera el protagonista de la contienda electoral, con todas las buenas consecuencias que de ello debieron derivarse: utilización provechosa del tiempo del Estado en radio y televisión, ahorro para las arcas públicas, limitación del apetito de los poderes fácticos. En sentido contrario, el tribunal electoral ha abierto de nuevo la puerta a la mercantilización de la política, a que compren espacios, con pretextos que no faltarán, partidos o particulares que finjan no hacer propaganda o la disfrazen ante ojos ineptos como los de la justicia electoral.
