Temprano. La Policía arribó al fraccionamiento a las 6:00 horas, en tres horas todos los muebles de las familias ya estaban en la calle. EL SIGLO DE TORREÓN / EDITH GONZÁLEZ
Alrededor de 105 familias que desde el pasado mes de enero se instalaron ilegalmente en unidades habitacionales en el Fraccionamiento Anna, fueron desalojadas ayer por elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.
El desalojo ocurrió cerca de las 6:00 horas, dentro de las calles Andrea y Nallely, circuitos Ana y Regina y el bulevar Anna de dicho fraccionamiento.
Según Fernando Olivas, titular de la Delegación de la Fiscalía General Laguna I, fueron 316 elementos los que desalojaron de manera pacífica a los 'paracaidistas'. El delegado informó que la querella se presentó el 16 de enero por parte de Gerardo Sifuentes, quien presuntamente era dueño de la desaparecida constructora Sigue, misma que fue la que construyó las viviendas en discordia.
Olivas comentó que el agente del Ministerio Público, Víctor Hugo Rodríguez, tenía la orden de efectuar un desalojo de 74 inmuebles. Sin embargo los afectados señalaron que fueron 105 familias las que salieron a la fuerza de las casas.
"El señor Gerardo Sifuentes tiene hipotecadas estas casas en un banco. Nosotros tratamos de acercarnos a él para que nos dijera qué institución es y negociar la forma de pagarlas, pero no nos ha querido recibir", dijo Ana Laura Carranza, afectada.
Los quejosos agregaron que cuando llegaron al lugar las casas estaban en obra negra y que ellos las acondicionaron. Señalaron que aunque estaban conscientes de la situación, la forma en la que se realizó el desalojo no fue la mejor. "Sacaron a una muchacha recién aliviada, a seis viejitos y a gente enferma", dijo Ana Laura.
Aunque las autoridades informaron que el desalojo fue pacífico, hubo algunas familias que denunciaron un mal trato por parte de los policías.
"Vamos a seguirle insistiendo a Sifuentes, mientras dormiremos en la calle", finalizó.
Denuncian a lideresa
Los afectados denunciaron que la lideresa de la colonia, María del Carmen Álamo Camacho, les exigía diferentes cantidades de dinero para "arreglar" su situación.
Comentaron que fueron cerca de 100 mil pesos los que en total le entregaron las 105 familias que residían ilegalmente en las unidades habitacionales del fraccionamiento Anna.
Agregaron que Álamo Camacho, desde un principio, les exigió que acondicionaran algunas de las casas que se encontraban en obra negra para poder habitarlas. "Nos exigió que les pusiéramos puertas y ventanas porque no tenían" , dijeron.
Finalmente cuando hubo la necesidad de que la lideresa saliera en defensa de los invasores simplemente se burló de ellos y se desapareció. Los habitantes dijeron que emprenderán acción penal en contra de quien algún día fue su líder.
