Sí se violaron garantías en caso Atenco: Corte

Coinciden ministros en que en Atenco era necesario emplear la fuerza pública.

Debate. En la imagen la sesión plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que por segundo día consecutivo se discute el caso Atenco. Para la sesión de hoy se espera que se comience a revisar qué autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.

La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.

Pero dejaron pendiente, para hoy, precisar cuáles fueron los derechos de los pobladores que se violaron.

Aunque a lo largo de la discusión hubo coincidencias en el sentido de que se violaron los derechos a la vida, a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la Ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de trabajo y de expresión.

Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aunque con diversos matices, coincidieron en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero que por la manera en que se desarrollaron los hechos se pudo constatar que sí se registraron violaciones graves a diversas garantías. Sin embargo, en casos como el de la muerte de los jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benhumea, la mayoría de la Corte se ha pronunciado por no determinar si los responsables de su muerte fueron o no policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano fue el único que se pronunció por declarar que no existieron violaciones graves a las garantías de la población de parte de los policías.

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