Critica PSD acuerdo para blindar campañas

El Partido Socialdemócrata (PSD) criticó el proyecto de blindaje electoral para los comicios de 2009, aprobado anoche por el Instituto Federal Electoral (IFE), porque no proporciona los mecanismos para garantizar que personajes ligados al narcotráfico realicen campañas e impone una "ley mordaza" que impide denunciar presuntos ilícitos.

Jorge Carlos Díaz Cuervo, presidente nacional del PSD, adelantó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar dicho acuerdo, porque, dijo, atenta contra la libertad de expresión.

En septiembre, el PSD presentó al IFE una propuesta de convenio para que Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) someta a "revisión" todas las candidaturas del proceso electoral 2009.

Pero luego de tres meses de discusión el convenio no prosperó, el PSD acusó que hubo "resistencia" por parte del PRI para suscribir este acuerdo.

"Al cuarto para la hora cabildean y aprueban, entre pasillos, un documento que nos deja insatisfechos, porque no se resuelve el problema de fondo", dijo en entrevista Díaz Cuervo.

El proyecto, agregó, sólo se enfoca al tema del dinero, pero "no necesariamente al vínculo del narcotráfico y el crimen organizado se refleja ahí".

Afirmó que lo más grave es que se acuerda una "ley mordaza", restricción para que los partidos no puedan criticar actividades ilícitas por parte de otros partidos o candidatos, suponiendo que son calumnias.

"Se establece una especie de compromiso para los partidos de no acusar comportamientos ilícitos a ningún otro candidato o partido si no se tiene las pruebas para hacerlo, para no caer en calumnia.

"Entonces lo que pretende le IFE es que ya no critiquemos a Rene Bejarano, que ya no señalemos el presunto origen ilícito de los recursos que está utilizando porque puede considerarse como una calumnia".

El proyecto de blindaje electoral para las campañas de 2009 será presentado el 14 de enero, del próximo año y será afinado, para que norme la acciones de todas las fuerzas políticas para evitar la infiltración del crimen organizado.

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