Masacres en el Congo, primer caso de la CPI
15 julio 2003
La Haya, (EFE).- Las graves atrocidades cometidas en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), constituirán el primer caso que investigará la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), según anunció hoy el Fiscal Jefe, Luis Moreno Ocampo.
El fiscal argentino se inclinó por ésta entre las 499 denuncias recibidas desde que la Corte entró en vigor el 1 de julio de 2002 por considerarla "la situación más urgente", pero adelantó que "antes de fines de año puede haber algunos casos más".
Su oficina recibió seis denuncias sobre aquella matanza, algunas de las cuales son informes de organizaciones no gubernamentales muy detallados y documentados, acompañados de fotografías y testimonios de víctimas y testigos.
Según estos informes, unos 5.000 civiles fueron asesinados entre julio de 2002 y principios de 2003 como resultado de los enfrentamientos tribales a manos de diferentes grupos armados que trataban de controlar los recursos naturales de la región.
Moreno-Ocampo explicó que las denuncias respaldadas por informes de Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos relatan "ejecuciones sumarias, tortura sistemática y detenciones ilegales".
"Los informes recogen también graves crímenes contra mujeres que fueron objeto de violaciones sistemáticas, agresiones sexuales y mutilación de genitales", aseguró Moreno-Ocampo.
El último informe de las cuatro últimas misiones del Consejo de Seguridad, publicado el 16 de junio de 2003, describe junto a los asesinatos un gran número de desplazados, la utilización de niños-soldado y hasta casos de canibalismo.
El Fiscal anunció también que estudiará los posibles vínculos entre estos crímenes y delitos como el blanqueo de dinero de grupos organizados que controlan las minas de oro, las explotación ilegal del petróleo y el comercio de armas.
"Aunque los resultados específicos de estos informes no están todavía confirmados, creemos que la investigación de los aspectos financieros de las atrocidades denunciadas puede ser crucial para prevenir futuros crímenes y para perseguir los ya cometidos", aseguró Moreno Ocampo.
Durante las investigaciones preliminares, que pueden prolongarse más de un año, la Fiscalía recabará información para comprobar la veracidad de las denuncias recibidas y la gravedad de los crímenes y se asegurará de que el Gobierno de la República Democrática del Congo no quiere o no puede juzgar los presuntos crímenes.
Es posible que el nuevo Gobierno congoleño, constituido tras los acuerdos de paz y que tomó posesión el pasado lunes, no sea capaz de juzgar los crímenes ocurridos en Ituri, lo que dará luz verde a las investigaciones de la Fiscalía.
Aunque el conflicto en la República Democrática del Congo se remonta a 1998 y ha costado la vida a cerca de tres millones de personas, la CPI sólo tiene competencia para juzgar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el último año, a partir de su entrada en vigor.
Su jurisdicción está también limitada a los presuntos crímenes cometidos por ciudadanos o en territorio de alguno de los 90 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma.
Esta es la razón por la que la Fiscalía no atenderá las decenas de comunicaciones recibidas por la actuación de los soldados estadounidenses durante la guerra de Iraq ya que ninguno de los dos áises son Estados Parte.
Moreno Ocampo reconoció que la mayoría de las denuncias se referían a los presuntos crímenes cometidos por las tropas americanas o aliadas durante el reciente conflicto, pero aclaró que en la mayor parte de los casos "no eran de su competencia".
Rechazó las que se referían a la presunta agresión de Washington ya que el crimen de agresión no caerá bajo la jurisdicción de la CPI hasta que los gobiernos acuerden su definición, lo que no se puede retrasar todavía varios años.
En los casos de denuncias contra los soldados aliados, el Fiscal dijo que no tiene todavía "información sobre la voluntad de los propios Estados para juzgarlos" ya que según el Estatuto de Roma, la CPI solo puede actuar cuando los gobiernos no quieran o estén en situación de juzgar los presuntos crímenes.
El resto de las comunicaciones fueron desestimadas por razones semejantes de falta de competencia: 16 se referían a crímenes cometidos en Estados no Partes (dos de ellas sobre el conflicto de Israel y Palestina), 38 al crimen de agresión, 50 fueron cometidos antes del 1 de julio de 2002 y otras denunciaban crímenes medioambientales, tráfico de doras, evasión de impuestos o corrupción judicial.
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