Durango jueves 27 de nov 2008, 9:02pm - nota 29 de 36

Inicia Reunión Nacional de Organismos de Fiscalización

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El Congreso local de Durango tomó decisiones de trascendencia cuando en julio pasado aprobó por unanimidad una nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rosy Gaucín

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El Siglo de Durango

Propósito

Auditores de todo el país ratificarán acuerdos.

Durango. La entidad será sede de la 74 Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC (Asofis), que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre del presente año, la cual será presidida por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón.

En este sentido el Poder Legislativo, a través de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), recibirá a 19 auditores de diferentes partes del país, con base al acuerdo que se aprobó por unanimidad durante la 11 Asamblea de la Asofis, para que Durango fuera la sede de este evento.

Objetivo. La reunión tendrá lugar en la antigua Estación de Ferrocarril y será para darle continuidad a los acuerdos prioritarios de la Asofis, encaminados a enriquecer la cultura de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización, para contribuir a terminar con la opacidad en el poder público, fuera del tema político partidista.

Ésta es una preocupación manifiesta del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien en cada reunión insiste sobre el compromiso de los auditores del país, que representan los intereses de la sociedad sobre cualquier interés particular, compromiso al que los servidores públicos de la Asofis no pueden fallar.

Marco jurídico. En este sentido, el Congreso local de Durango tomó decisiones en beneficio de la transparencia, pues en julio pasado aprobó por unanimidad una nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en que se amplía el catálogo de sujetos obligados se reducen los tiempos de espera en las solicitudes de información y se imponen sanciones a funcionarios públicos que violen la ley, entre muchos otros beneficios que repercuten en mayor confianza de la sociedad en el ejercicio de los recursos públicos.

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