Se espera que hoy lunes trabajen todas las escuelas de Morelos, después de que el Movimiento magisterial de bases, la espontánea agrupación que decretó el paro a partir de 18 de agosto, acordó iniciar las clases en los establecimientos donde labora su militancia. En semanas anteriores había comenzado parcialmente el curso, como resultado de una combinación de factores: la justa (y a veces airada) preocupación de padres de familia a quienes duele la pérdida de una porción importante del calendario escolar; la presencia de órganos nacionales del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que cooptaron a un buen número de profesores huelguistas y los convirtieron en esquiroles, desde la perspectiva de sus compañeros; y la tozudez de las autoridades federales y locales que no estuvieron dispuestas, y se mantuvieron en esa posición, a dar marcha atrás a la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), motivo central de la movilización magisterial.
Sin restar importancia al grave daño sufrido por la educación de medio millón de escolares en esa entidad, debe saberse que la gran mayoría de los maestros decidió no comenzar el curso 2008-2009 hasta que se cancelara la ACE, un documento firmado entre la Secretaría de Educación y el SNTE, a espaldas de los maestros de base y que carece de fuerza legal para regular actividades propiamente educativas ya que, cuando más, tiene un alcance laboral, como corresponde a un acuerdo entre uno de los patrones y el sindicato magisterial. Hay que recordar que desde hace quince años priva en la educación pública del país una situación ambigua por la dualidad de autoridades surgida del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, de 1993. Ahora, además de la SEP, que conserva funciones normativas, 32 secretarías o institutos de educación en cada una de las entidades (la mayor parte de las cuales, por cierto, maneja sin demasiado rigor ni escrúpulo la porción presupuestal que le corresponde gestionar).
Dada esa situación, el SNTE no se limitó a conseguir la firma de la Alianza por el Gobierno Federal sino que sus líderes emprendieron giras por todo el país a fin de conseguir el refrendo de esa firma por los gobernadores de los estados. No todos lo han hecho (entre ellos el de Coahuila, que de ese modo se distanció de su tutora la presidenta del sindicato, Elba Ester Gordillo), y en estados donde ocurrió lo contrario surgieron movimientos magisteriales que cuestionan la Alianza, no por que cancele la posibilidad de vender plazas o heredarlas a la hora de la jubilación sino porque se generaron nuevas condiciones de trabajo que todavía ahora (medio año después de signado el documento) no han sido difundidas a plenitud entre los interesados.
Esa fue la demanda principal de la mayoría magisterial en Morelos, que en los hechos desconocieron al liderazgo formal de la Sección 19 (al punto de constituir, como uno de los logros de su movimiento un comité alterno que no es reconocido por la dirección nacional del SNTE, pero cuenta con el asentimiento de un alto porcentaje de los afiliados a ese sindicato. Se trató de una movilización por mejorar la calidad de la educación desde una perspectiva local, y de combatir la falta de representatividad de la dirección morelense.
En el curso de los días, y conforme a tradiciones comunitarias vigentes en Morelos, la movilización de los maestros contó con la solidaridad de padres de familia y en ciertas comarcas con el apoyo y acompañamiento de los pueblos, que reforzaron las tácticas de lucha de los maestros con la obturación del paso en caminos y carreteras. Las autoridades, renuentes a reconocer a los dirigentes de la disidencia, se mostraron en cambio activas en reprimir acciones comunitarias. En una decisión peligrosa, que ignora el potencial explosivo de una entidad donde se han manifestado movimientos armados de protesta social, se hizo intervenir al Ejército en actos represivos, que estuvieron a cargo sobre todo de la Policía Federal Preventiva como hay que seguir llamando a una corporación cuyo estatuto legal no ha mudado. En Huitzilac, Tres Marías, Ameyalco y Xoxocotla fueron desalojados con exceso de fuerza pobladores que cerraban caminos. En Xoxocotla se fue mucho más allá: al estilo de Atenco en mayo de 2006, pero con mayor ferocidad si cabe, la Policía atacó a la población civil en sus domicilios, y vejó y torturó a muchos.
También de otro modo hubo acompañamiento social a la huelga del magisterio, sobre todo cuando se percibió que el Gobierno no recularía y, al contrario, intensificaría su esfuerzo por romper la huelga, mediante contratación de profesores venidos de fuera y el alebrestamiento de grupos de padres de familia que en estos días rehúsan recibir a los paristas que vuelven a las aulas. Organizaciones agrupadas en torno al Centro de encuentros y diálogos de Cuernavaca, y la Fundación de derechos humanos don Sergio Méndez Arceo convocaron a integrar una Comisión de coadyuvancia que rompiera las trabas que provoca el empeño oficial de negociar con dirigentes que no representan a nadie y negarse a hacerlo con los auténticos.
Esa comisión pidió a estos últimos, el 3 de noviembre, consultar a sus representados sobre la pertinencia de suspender el paro y continuar desde las aulas la lucha emprendida, con gran costo social, en agosto. Atendida la solicitud, la mayoría de los consultados optó por esa vía, y desde el jueves, no sin episodios que muestran saldos pendientes retornaron a las escuelas.
