A la memoria de Gustavo Iruegas y Antonio Villalba
Crece el número de víctimas buscando en el extranjero la justicia regateada en México. Consecuencia lógica de ese pantano de negaciones en el cual chapotea la política nacional.
En el sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte) siguen acumulándose los casos presentados por ciudadanos mexicanos en busca de justicia. Ya suman 395 y atestiguan las debilidades e insuficiencias de nuestro sistema jurídico y político. Entre estos casos se encuentra el litigio por acceder a las boletas de la elección presidencial de 2006. El jueves pasado, la Comisión (CIDH) escuchó en Washington los razonamientos de Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, y de sus abogados, quienes respondieron a los argumentos del Estado mexicano que solicita a la CIDH rechazar la petición de Rodríguez Castañeda y levantar las medidas cautelares que ayudaron a frenar la destrucción de las boletas.
La lectura del alegato de 95 cuartillas presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la CIDH fue un paseo por la sociología de la negación. ¡Cuánto virtuosismo en la prosa de ampuloso formalismo! ¡Cuántas mañas desplegadas para encubrir o distorsionar la realidad! ¡Qué rápido regresaron a las mañas del viejo régimen! Nuestros diplomáticos se dividen las tareas. Algunos son como fieros cadeneros que frenan el acceso; otros se comportan como los sofisticados maquillistas que medio tapan las cicatrices. Un trabajo ingrato y estéril que engaña a muy pocos porque la realidad se escapa por los resquicios de un país abierto al mundo.
Dejo a los abogados dar respuesta puntual a las falacias y medias verdades utilizadas por el Gobierno mexicano. Me concentro en la esencia del problema: triunfa la opacidad, pero el Estado mexicano se encuentra dividido sobre qué hacer con las boletas. El reconocimiento más explícito aparece en la obra de Luis Carlos Ugalde (Así lo viví, Random House). En ella cuenta cómo se dividió el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el asunto; aclara que Eduardo Guerrero, director del Servicio Profesional, y los consejeros Andrés Albo y Teresa González estuvieron a favor de la transparencia.
Cuando los escuchaba, confía Ugalde, se convencía de que “dar acceso a las boletas podría ayudar a restituir la confianza en el IFE”. Más adelante reconoce que le entraron las dudas y se tambaleó su compromiso con la transparencia: “me di cuenta de que bastaba un puñado de errores para que la apertura generalizada, lejos de erradicar las sospechas, pudiera ser usada para fortalecer la acusación del ‘cochinero’” (pp. 292-4). El resultado es que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negaron el acceso.
El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Juan Pablo Guerrero, revisó el asunto desde la óptica de la transparencia en un trabajo todavía inédito (Las boletas de la elección presidencial de Felipe Calderón). Su opinión es clara: “El IFE primero y el TEPJF después, no estuvieron dispuestos a permitir [la apertura], por razones que no se pueden encontrar en la Ley Federal de Transparencia”. Entre las justificaciones de la opacidad empleadas por el IFE estuvo el daño que podía causarse a la “seguridad nacional”. El TEPJF también hizo malabares: “dispuso que las boletas son documentación pública, pero no pertenecen al dominio público, porque no se prevé su conservación en archivos, sino su destrucción”. En otras palabras y por contradictorio que parezca, concluye Guerrero, la resolución del TEPJF “garantiza el derecho a la información… pero niega el acceso a los documentos solicitados”.
Esto se relaciona con un ángulo muchísimo más peligroso y riesgoso para el país: la negación del otro. Andrés Manuel López Obrador tiene pocos defensores y cosecha condenas por la obcecación con la cual se enfrenta al régimen. Para comprenderlo debe recordarse la negación que le endilgaron Vicente Fox y Felipe Calderón quienes, al calificarlo como “peligro para México”, hicieron jirones su derecho a competir. Lo grave es que todavía mantienen esa línea de pensamiento como lo demuestra el folklórico e irresponsable llamado de Fox a “partirle el queso” a AMLO. La negación engendra negaciones y López Obrador encabeza a quienes rechazan la legitimidad de los otros.
En un carril separado transcurre la insistencia de quienes deseamos tener acceso a las boletas de 2006 y a otra información sobre el pasado. Una y otra vez hemos chocado con la política de sistemática negación seguida por los gobiernos del Partido Acción Nacional. Desde el Gobierno parecieran increparnos con preguntas como las siguientes: “¿para qué se empeñan en saber quiénes torturaron, dónde están los desaparecidos o qué dicen las boletas? Denle vuelta a la hoja, den la espalda a lo desagradable, pongan su mirada en el horizonte donde se eleva, muy bonito, el arco iris del futuro mejor”. Si se recuerda su historia es notable la postura.
Un profesor de filosofía, Thomas Nigel, dio una respuesta a por qué se quiere saber (citado en Lawrence Weschler, A miracle, a universe. Settling accounts with torturers). Confrontar el pasado y conocer la verdad supone establecer una “diferencia entre el conocimiento y el reconocimiento”. Cuando se reconoce el “conocimiento es sancionado oficialmente” y se “transforma en parte del conocimiento público”. Décadas antes, y en sus escritos desde la cárcel fascista, el filósofo italiano Antonio Gramsci lo calificaría como la modificación del “sentido común”.
Cuando se confronta la realidad pueden derrotarse las negaciones y surge la esperanza de que tal vez, a lo mejor, no volveremos a repetir los mismos errores. Tener acceso a esas boletas no corregirá la verdad jurídica (Calderón será presidente hasta el año 2012), pero nos permitirá entender mejor lo qué realmente sucedió en el fatídico 2006. Se trata de una petición bien elemental que por ahora pende de la decisión que adopten, en Washington, los siete comisionados de la CIDH.
Agradezco las sugerencias y materiales proporcionados por Javier Treviño Rangel de la London School of Economics sobre la sociología de las negaciones.
LA MISCELÁNEA
Soy parte del litigio. En representación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación presenté un recurso que tal vez atraiga la Suprema Corte. Por ese motivo fui invitado por la CIDH a la reunión privada sobre el caso de Rafael Rodríguez Castañeda. Comentarios: e-mail: [email protected]
