Nueva Carta Magna permitiría investigar a políticos en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que la nueva Constitución permitirá investigar con carácter retroactivo las “fortunas sospechosas o mal habidas” y a los “ex presidentes, ministros o parlamentarios que robaron”.

Miles de indígenas bolivianos participan en una marcha que inició ayer en Caracollo, a 170 kilómetros de La Paz, de los sindicatos y movimientos sociales para exigir al Congreso la convocatoria del referendo constitucional. (EFE)

“Los corruptos deben temblar”, afirmó Morales en la localidad andina de Caracollo minutos antes de que movimientos sociales que lo apoyan comenzaran una multitudinaria marcha hacia La Paz para exigir al Congreso la Ley de convocatoria del referendo sobre la Carta Magna.

El mandatario indígena apuntó que con la nueva Constitución “ningún parlamentario tendrá impunidad”, de manera que no podrán “protegerse en el Congreso Nacional”.

Según Morales, la investigación de los casos de corrupción con efectos retroactivos y la supresión de la inmunidad parlamentaria son “avances profundos” recogidos en el proyecto constitucional, que está pendiente de ser ratificado mediante un referendo.

Miles de sindicalistas, campesinos, cocaleros e indígenas, entre otros sectores afines al Gobierno de Morales, marchan hasta La Paz para exigir al Congreso la consulta constitucional que podría celebrarse en febrero de 2009.

Se trata, según Morales, de una marcha “pacífica”, “democrática” y “muy disciplinada” para tratar de “persuadir” al “pequeño grupo de opositores que permanentemente impide la transformación profunda de Bolivia”.

Esta movilización se produce de forma paralela al proceso de diálogo abierto en el Congreso Nacional entre el oficialismo y sus opositores para intentar llegar a acuerdos sobre el proyecto de Carta Magna aprobado hace casi un año por la Asamblea Constituyente.

La Constitución con la que Morales quiere refundar Bolivia necesita de dos consultas populares para ser definitivamente ratificada.

Una de las consultas se refiere a la extensión mínima por la que un latifundio improductivo puede ser expropiado (5 mil o 10 mil hectáreas), asunto que no persuadió acuerdos en la Constituyente.

El otro referendo preguntará a los bolivianos por la totalidad del texto, integrado por 411 artículos.

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