La propuesta del ejecutivo estatal para desafectar el terreno donde se construirá el nuevo estadio de los Rayados de Monterrey, tiene deficiencias jurídicas que impiden su aprobación en el Congreso del Estado.
La propuesta del ejecutivo estatal para desafectar el terreno donde se construirá el nuevo estadio de los Rayados de Monterrey, tiene deficiencias jurídicas que impiden su aprobación en el Congreso del Estado.
En entrevista, el diputado local del PAN, Oscar Cano Garza descartó que al interior de la bancada albiazul estén en contra de la edificación del inmueble deportivo en el municipio de Guadalupe, sólo piden que se cumplan los requisitos necesarios para un proceso de este tipo.
"Le falta mucha información a los vecinos, no es que nosotros no queramos aprobarlo, al documento que enviaron por parte del gobernador -Natividad González Parás- le falta justificar la propiedad del predio -de 25 hectáreas- que se pretende desafectar", explicó.
"A lo mejor ni siquiera el predio es del estado, es muy delicado, siento que con esto se le está jugando el dedo en la boca a Femsa -grupo que financiará el nuevo estadio- y quizá tienen la idea de que la documentación viene completa y no es así", aseguró.
Expuso que "la documentación viene muy endeble, jurídicamente viene muy débil, inviable el proyecto jurídicamente, entonces yo creo que vale la pena fortalecerlo y posteriormente entrar a un análisis detallado".
"Un proyecto de tal magnitud requiere de una serie de permisos, los cuales actualmente no se cumplen", abundó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) por el municipio de Guadalupe.
En el caso de los vecinos de 32 colonias donde impactaría la edificación del Estadio Monterrey, señaló que no están en contra, pero demandan información sobre la solución a problemas de vialidad, seguridad, entre otros que se vendrán consigo, dijo.
Cano Garza manifestó que a la desafectación se le daría celeridad, sólo si se cumplen con los requisitos planteados, "nos queda claro que no es la primera vez que anuncian una obra y pretenden llevarla a cabo, sin siquiera contar con los permisos necesarios".
Estos permisos van desde desarrollo urbano, hasta municipales, tal como aconteció en el pasado con la ampliación de la línea II del Metro y el Arco Vial Sureste, cuyas obras se vieron retrasadas.
"Este caso no es la excepción, no es que se esté en contra del proyecto, que se le esté dando largas o que no se le quiera aprobar, sencillamente no cumple con la normatividad que un proyecto de tal magnitud requiere", insistió.
"No están enviando unos cuantos gajos del balón, pero con eso no se puede patear", dijo al expresar en términos futbolísticos la situación.
Cano Garza dijo que como representantes populares mantienen contacto con los vecinos para informarles de este proceso.
