“A aquel que viene por la herencia, con
frecuencia se le hace pagar el funeral”.
Proverbio yiddish
Podría parecer una broma, pero desafortunadamente no lo es. Una de las demandas de los maestros de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han mantenido sin clases a los alumnos de Morelos desde el comienzo del año escolar, es que se les permita seguir heredando sus plazas a sus parientes cercanos.
Hace unos días conversé telefónicamente con una de las voceras del movimiento, quien me ratificó que, efectivamente, una de las exigencias de los líderes del movimiento de Morelos es mantener la “conquista sindical” de permitir que los parientes cercanos puedan heredar las plazas magisteriales. Según ella, ésta es una práctica común en el sindicalismo mexicano: también los electricistas y los trabajadores de Pemex pueden heredar las plazas. Lo más curioso del caso es que, junto a esta afirmación, la vocera me dijo que el sindicato de Morelos se opone a “la privatización de la educación pública” que están impulsando el Gobierno y Elba Esther Gordillo.
Aparentemente los líderes de este movimiento magisterial, y de otros grupos sindicales que sostienen que la posibilidad de heredar plazas es una conquista sindical, no se dan cuenta de la contradicción en su posición.
Por un lado dicen oponerse a la “privatización” de la educación o de alguna actividad, pero por el otro exigen que los cargos públicos, algo que por su naturaleza no debe ni puede privatizarse, pasen a ser propiedad privada de los maestros o los trabajadores. Sólo la propiedad privada puede heredarse.
Yo sé que está de moda cuestionar a la maestra Elba Esther Gordillo y a la secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota. Me doy cuenta de que es políticamente incorrecto en estos tiempos respaldar una acción gubernamental, cualquiera que ésta sea. Me queda claro que la Alianza por la Calidad en la Educación que firmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación Pública el pasado 15 de mayo puede tener muchos problemas. Pero tengo que sostener que cualquier esfuerzo que lleve a mejorar la calidad de la educación de nuestro país es un paso en la dirección correcta.
La resistencia a una reforma que considera en lo fundamental que las plazas de maestros deben ser ocupadas por concurso que mida la capacidad de los aspirantes y no por herencia familiar o por designación discrecional por el sindicato, proviene de grupos que buscan mantener “conquistas sindicales” que no son otra cosa que una privatización de la educación. Hay privatizaciones positivas, por supuesto, pero ésta es claramente contraria a los intereses de los mexicanos.
El sistema de educación pública es la única opción a la que tienen acceso la mayoría de las familias de nuestro país para instruir a sus hijos ya que carecen de los recursos para mandar a sus hijos a escuelas privadas. Para que la educación pública pueda cumplir con su papel de otorgar una mayor igualdad de oportunidades a los hijos de las familias pobres es indispensable que tenga un buen nivel de calidad. Pero éste no puede conseguirse si los maestros son elegidos de manera discrecional por el sindicato, lo cual promueve la venta de plazas, o seleccionados por los padres o los tíos que ya tienen plazas de maestros.
Los mexicanos pagamos impuestos para sostener este sistema de educación pública y tenemos derecho a exigir que éste tenga un razonable nivel de calidad. De lo contrario, lo único que los líderes sindicales conseguirán será una mayor privatización de la educación para su propio beneficio. Las escuelas privadas serán así las únicas que tengan un nivel de calidad adecuado, mientras que las públicas estarán condenadas a tener maestros de inferior calidad.
Los mexicanos debemos estar dispuestos a que se discuta todo lo necesario para mejorar esta Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Pueden ser mejores y más transparentes los exámenes? ¿Pueden establecerse mejores sistemas de medición? Adelante. Pero eso no debe hacernos cuestionar la filosofía de la reforma.
Los mexicanos debemos exigir que el sistema de educación pública sea realmente de buena calidad. Esto no se logrará si no se contrata a los mejores maestros posibles y si no se despide a aquellos que no estén cumpliendo con su deber.
Los líderes sindicales nos dicen que esto no es posible: que es el sindicato o los maestros en funciones quienes deben escoger de manera discrecional a los nuevos maestros. Nos dicen también que los maestros no pueden ya ser despedidos una vez que sean contratados. Éstas son conquistas sindicales, afirman.
Pero el resultado es deteriorar cada vez más el nivel de la educación pública en el país, afectando más a quienes menos tienen. Es un paso más hacia una privatización maligna de la educación pública de nuestro país.
MONOPOLIO
Otro de los puntos en disputa en este Acuerdo para la Calidad de la Educación es si las escuelas públicas pueden contratar a cualquier maestro que demuestre capacidad en un concurso de oposición. Las viejas reglas sindicales limitaban la contratación a los egresados de escuelas normales públicas. Hoy cualquiera que tenga la capacidad puede concursar y ganar un puesto. Los líderes sindicales de Morelos y Quintana Roo se oponen, porque quieren que las plazas para maestros sigan siendo monopolio de unos cuantos grupos.
