“La Ley, sin la fuerza, es impotente”.
Blaise Pascal
Hay que aplaudir a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por la velocidad con la que ha dado resultados en el caso de la llamada Banda de la Flor, responsable del secuestro y homicidio de Fernando Martí, de 14 años de edad. Ayer el procurador Miguel Ángel Mancera anunció la captura del presunto jefe de la banda, Sergio Humberto Ortiz Juárez, y de otros cuatro aparentes cómplices.
Ortiz Juárez sufrió un atentado contra su vida que lo dejó herido de bala en un hospital de la ciudad de México. Por distintas denuncias ciudadanas, la Procuraduría vinculó a Ortiz Juárez y a sus cómplices con el secuestro del joven Martí. No se ha encontrado aún el dinero de los rescates, en tanto que los presuntos responsables, quienes hasta este momento están arraigados pero no formalmente detenidos, no han reconocido su participación en los secuestros. Como en todos los casos, habrá que ver todo el proceso y considerar la información de incriminación o descargo de los presuntos responsables. Pero por lo pronto la Procuraduría capitalina, a cargo hace apenas algunas semanas de Miguel Ángel Mancera, parece haber obtenido un triunfo muy importante.
Lo primero que se me ocurre al estudiar la información disponible es que sí es posible atrapar a delincuentes en nuestro país, pero para esto se requiere de policías que tengan el tiempo y la voluntad para dedicarse a la investigación. Familiares de víctimas, como Isabel Miranda de Wallace y Eduardo Gallo, han demostrado ya que con tesón, tiempo y dinero sí es posible determinar quiénes son responsables de delitos tan graves como el secuestro y el homicidio. Aun suponiendo que las fuerzas policiales sean honestas, es imposible pedir a los policías judiciales o ministerios públicos que resuelvan algún caso cuando a cada uno se le encargan cientos o miles de expedientes al año. La simple lectura de los expedientes y declaraciones puede convertirse en un trabajo de tiempo completo. No queda nada para investigar y encontrar a responsables que pueden estar escondidos o abiertamente delinquiendo.
La experiencia nos dice que los casos en los que realmente se encuentra a los responsables de delitos son aquellos en los que, por ser muy sonados, la sociedad ejerce una presión importante sobre las autoridades. Tal es la situación del secuestro y homicidio de Martí. Las autoridades se han visto obligadas a moverse con rapidez porque la indignación de la gente es enorme y el caso tuvo una gran exposición en los medios. La pregunta es: ¿por qué no pueden actuar de la misma manera las autoridades en otros casos, quizá no tan famosos pero que tienen un costo social e individual tan marcado como ése?
Parte del problema es de recursos. Mencionaba en este espacio la semana pasada que la Procuraduría General de la República recibe apenas el 0.3 por ciento del presupuesto del Gobierno Federal. Los problemas de la procuración de justicia no se resuelven simplemente con dinero, pero vivimos una situación en que la PGR y las procuradurías locales simplemente no tienen los recursos para enfrentarse a una delincuencia cada vez más organizada y mejor armada.
El Gobierno del presidente Felipe Calderón busca dar a las entidades federales de procuración de justicia y seguridad pública un presupuesto más generoso en este 2009. Pero este aumento no es suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. O por falta de capacidad operativa o por carencia de recursos, el Estado mexicano simplemente no tiene la posibilidad de enfrentarse en igualdad de circunstancias a las bandas criminales.
Según la Presidencia de la República, al año se llevan a cabo casi 600 secuestros en México. El Instituto Ciudadano de Estudios de Inseguridad, el ICESI, calcula seis mil. Los homicidios tan solo en los siete primeros meses del año fueron casi 30 mil. Detener a una banda culpable del secuestro y homicidio de un muchacho, por muy loable que esto sea, no resuelve el problema de fondo de la inseguridad que está viviendo el país.
Debemos aplaudir que los presuntos dirigentes de la Banda de la Flor hayan sido detenidos por la Procuraduría capitalina. Pero debemos exigir soluciones de fondo. Si el dirigente de esta banda, Sergio Humberto Ortiz Juárez, no hubiera sido herido en un ajuste de cuentas, es posible que no hubiera sido capturado. Es importante, por lo tanto, que reconstruyamos el sistema de procuración de justicia desde los cimientos, para que no sólo sean castigados los responsables de delitos muy sonados o los que son investigados por los familiares de las víctimas, sino todos aquellos que están cometiendo crímenes que agravian a la sociedad.
PRESUPUESTO 2009
El presupuesto para 2009 que propone el Gobierno Federal será de 2.82 billones de pesos: esto es casi 26 mil pesos por cada hombre, mujer y niño de nuestro país o 130 mil pesos por cada familia promedio de cinco miembros. ¿Realmente recibimos los gobernados un valor de servicios gubernamentales equivalente a esta cantidad? Me parece que no. Buena parte del dinero se desperdicia en subsidios a los combustibles, salarios de maestros en paro, ayudas a quienes no lo necesitan y respaldos a partidos políticos. Los contribuyentes, mientras tanto, debemos pagar de manera privada los servicios que debería otorgar el Gobierno, como seguridad, educación o atención médica, si es que queremos que sean de calidad.
