Aunque es probable que lo impulsen razones de otro género (en cuyo caso el momento escogido para marcharse revela una enorme irresponsabilidad), es razonable creer que Roberto Campa dejó ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como primera respuesta al reclamo del empresario Alejandro Martí: si no pueden con el cargo, renuncien. Sería muy grave, sin embargo, que su despido fuera sólo tirar lastre, una maniobra para salvar a su jefe, Genaro García Luna. Él es, el secretario de Seguridad Pública, quien debería renunciar.
Campa llegó al cargo que ahora ha perdido por el pago de favores políticos, no por saber o experiencia en seguridad pública. Fue parte de la cuota que el presidente Calderón cubrió a Elba Ester Gordillo por los modos diversos en que ella contribuyó a su encumbramiento. Campa fue un improvisado candidato presidencial del Panal, el partido de Gordillo, que vacacionaba en enero de 2006 cuando su jefa lo convirtió en aspirante a vivir en Los Pinos. Durante su campaña sirvió de ariete para golpear a Roberto Madrazo, y en la jornada electoral fue desairado por el partido que lo postuló, que pidió a sus votantes sufragar por sus candidatos al Congreso y no necesariamente por quien iba en pos de la Presidencia. El resultado de esa maniobra fue que más de un millón de votantes por el Panal escogió a un candidato presidencial diferente de Campa, muy probablemente Calderón.
Por ese servicio se le recompensó con un cargo de módica importancia en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, área que notoriamente interesa a Gordillo, pues había hecho colocar allí antes a Miguel Ángel Yunes. Además de su participación en la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad cuya lectura se le encargó, la tarea más relevante de Campa en su secretaría ejecutiva le empleó mucho tiempo y no ha concluido. Se trata de la implantación en las unidades que se inscriban en el Registro Público de Vehículos de un identificador cuyos alcances fueron cuestionados por eventuales proveedores que participan en una licitación a resolverse en octubre próximo, algunos de los cuales también pusieron en duda la transparencia del concurso mismo. Según algunos, la balanza estaría previamente inclinada a favor de una empresa propiedad de Jorge Kawage, padre del líder del Panal, del mismo nombre. (Al citar a este último, me pregunto si Campa sustituirá al púgil a la cabeza de ese partido. Podría ser que a eso se refiriera ayer el presidente Calderón cuando justificó el retiro de su ex contendiente porque “tiene proyectos que seguramente comentará en su oportunidad”).
La renuncia de Campa podría servir simplemente para distraer al sector participante de la sociedad que, en cambio se sentiría tranquilo si la próxima dimisión estuviera firmada por el ingeniero Genaro García Luna, inexplicablemente nombrado secretario de Seguridad Pública por Calderón e inexplicablemente mantenido en su cargo no obstante el cúmulo de evidencias de su, en el mejor de los casos, pobre desempeño. Hace apenas dos semanas, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el informe leído por García Luna hubiera servido de prólogo a su renuncia, de ese tamaño fue la revelación de sus insuficiencias, reflejadas en el crecimiento de la inseguridad general.
No obstante que se le había acusado formalmente por irregularidades administrativas en la Policía Federal Preventiva, García Luna pasó de un cargo de segundo nivel en esa corporación a encabezar la Policía Judicial Federal en el sexenio anterior. Se le encomendó sustituirla por un cuerpo nuevo, limpio de la corrupción y los vicios que se acumularon en la que, con precisión, el público llamaba “la per-judicial”. Al cabo de una operación más cosmética y por ende mediática, que sustantiva, García Luna presentó la Agencia Federal de Investigación, cuya propaganda la emulaba a instituciones míticas como Scotland Yard.
Junto a una modernización tecnológica y algunos logros (uno de los cuales, por lo menos, fue montado con fines publicitarios) en la captura de secuestradores, la AFI siguió siendo la Policía Judicial de siempre. Como ocurría en ella, los jefes solapaban a sus subordinados. El propio García Luna facilitó la fuga de comandantes demandados por la justicia por delitos graves, conducta que ha reproducido en su función de secretario. Basta ver para comprender los alcances de su, digamos espíritu de cuerpo, la lista de agentes y jefes de la AFI (ahora adscrita a la SSP) que cometen delitos. Hace un mes, para no ir más lejos, fue detenido en Los Ángeles el responsable de la agencia en Mexicali, a donde huyó llevando consigo medio millón de dólares en efectivo, luego de al parecer escapó de un atentado en que perecieron dos agentes de la AFI a sus órdenes.
El presidente Calderón le tiene confianza ilimitada. Así se aprecia en los hechos y algo parecido dijeron funcionarios de alto nivel a un comisario general de la Policía Federal que al cabo de treinta años de servicios ha insistido en denunciar el desorden y la corrupción que privan en la SSP. Javier Herrera Valles pidió al subprocurador federal Juan de Dios Castro entregar a Calderón una carta donde expone pormenores de esa situación. El ex consejero jurídico de la Presidencia le sugirió que no se metiera en problemas “porque Genaro García Luna (es) uno de los hombres consentidos del presidente Felipe Calderón” (Proceso, 16 de marzo de 2008).
