El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, cuestionó el papel que ha desempeñado la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, para dirigir la política migratoria y proteger los derechos humanos de los extranjeros en el país.
“Existe una injusta distribución del presupuesto que provoca que el INM esté sumamente limitado en los recursos que tiene para poder hacer más por los problemas derivados de la inmigración de centroamericanos en México.
“Esto es algo que tiene que ver con capacidades de gestión y la directora del Instituto no ha demostrado una gran capacidad para gestionar recursos con el Congreso y con otras fuentes de poder real en México, y sin embargo sí ha mostrado una gran apatía en la persecución de los casos de corrupción en el INM”, consideró.
Durante el foro “El paso: reflexiones sobre la migración centroamericana en México”, el ex director de El Colegio de la Frontera Norte expresó su indignación por las violaciones de los derechos humanos de los extranjeros en México y consideró que la autoridad que menos hace para contrarrestar esta situación es el Gobierno Federal.
Los migrantes procedentes de Centroamérica, advirtió, son frecuentemente víctimas de secuestro y extorsión por parte de las Policías, bandas como la Mara Salvatrucha o por el crimen organizado, delitos que al igual que en otros casos quedan impunes.
Ante estas prácticas, reiteró, no ha habido un esfuerzo del Gobierno Federal mexicano para disminuir los delitos contra migrantes.
En tanto, Raúl Benítez, investigador de la UNAM, advirtió que en el débil Estado mexicano, las órdenes de un superior, por ejemplo, de la Comisionada del INM, son de difícil interpretación para los inferiores, y que muchas veces son los intereses particulares de los funcionarios de campo los que están por encima de los intereses del Estado mexicano.
El principal responsable de la ilegalidad y la desprotección de la frontera Sur del país, dijo, es el Estado y sus funcionarios de abajo y en algunos casos y según la dependencia, de puestos medios.
Plantean extradiciones
Cuando algún miembro del Gobierno estadounidense dispare a un mexicano, el Gobierno mexicano debe dar instrucciones de levantar las actas para iniciar una averiguación para consignar al responsable, propuso Bustamante.
“Esta semana propuse se levantaran actas para iniciar averiguaciones cuando suceden actos en los que algún miembro de un Gobierno Federal de EU que dispara a un mexicano en la frontera.
“Estoy proponiendo que se levante un acta y se inicie un procedimiento para que se dé lugar legalmente a pedir la extradición de esa persona que cometió un delito en México”, dijo.
Hasta el momento, reiteró, el Gobierno Federal ha sido tan débil ante EU que lo único que se le ocurre es mandar cartas de protesta que no han tenido resultados.
