Visto el escarnio, es menester elevar el tono del reclamo e incidir, ahí, donde duele. Y donde más le duele a la élite política es en el poder: es hora de instrumentar la revocación del mandato. Ése sí es un: ¡ya basta!
La respuesta a la sociedad en materia de seguridad es una burla y una afrenta: la élite ofrece como algo nuevo y radical lo que siempre deja de hacer o, peor aún, subasta el tamaño del castigo que nunca aplican a los delincuentes. Y, en el cinismo, se suma al malestar... ¡en buena parte generado por ellos!
Si la impunidad criminal es intolerable, la impunidad política es imperdonable.
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En esa circunstancia, la sociedad debe escapar al juego de esa élite que ofrece nuevas brigadas antisecuestros, cárceles especializadas, cadenas perpetuas, pena de muerte sencilla o doble, más gasto, mayor coordinación... Que no venga con el cuento de que eso lo hace conmovida y condolida con la sociedad. Reclamo o no de por medio, el deber no puede presentarse como una concesión graciosa.
Un verdadero “¡ya basta!” es obligarlos a reconocer que el voto otorgado no es un cheque en blanco reciclable y que, por lo mismo, con un tronar de dedos fuerte y colectivo de la sociedad podrían irse del puesto que muy mal desempeñan. Que no vengan con la batea de que, ahora sí, igual que hace un sexenio, se va a dar la madre de todas las batallas contra la delincuencia. Ese cuento, de repetido, enfada y desespera.
Al crimen hay que prevenirlo, perseguirlo y castigarlo. A la política y sus representantes hay que sujetarlos mucho más firme, fuera de temporada electoral. Como a los policías, a los políticos también hay que pasarlos periódicamente por pruebas de confianza.
Una cosa es el ejercicio del poder; otra, el ejercicio del no poder. Si no pueden, no tienen por qué estar.
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Suena radical lo anterior, lo es. Pero el clamor social no puede ya conformarse con la catarata de promesas que cíclicamente se repiten sin llegarse a concretar. De a tiro por tragedia con resonancia, la élite en el poder saca su portafolios de promesas y asegura que, ahora sí, las hará realidad.
Si esta vez el malestar por la inseguridad no se traduce en la conversión de la sociedad en ciudadanía, en cuestión de días la élite política –jueces, legisladores y ejecutivos– se arrellanará en sus oficinas hasta que otra vez, sin querer o adrede, agravie a la sociedad.
Esta vez, la manifestación del malestar no debe limitarse a marchar con reclamos que, a la vuelta de los días, se reducen a la condición de lamentos. No hay que jugar en la cancha donde la élite en el poder se mueve a gusto: los consejos sin resultado, los acuerdos de papel, los planes sin destino y los programas de ocasión que, al final, integran un catálogo de buenos propósitos con desembocadura en la mentira.
Exigir el establecimiento de la revocación del mandato, eso sí, puede hacer reaccionar e interesar a la élite política en garantizar la integridad, el patrimonio y la seguridad de quienes dice representar. Hasta ahora descuidar, agraviar y burlar a la ciudadanía no le significa ningún costo: no rinde cuentas en serio y menos aun siente que su ineficiencia pueda representar su salida del poder.
Si se abre la posibilidad de revocar el mandato, sin duda, la élite política se empeñará en servir y proteger a la ciudadanía. Perder el poder, eso sí le duele.
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Es preciso recordar dos tramos de la historia nacional reciente –aparentemente inconexos– para entender por qué hay que radicalizar el reclamo social y elevar el costo de la negligencia administrativa y política.
Un tramo es el relativo al curso de los cuerpos de seguridad que, a de tiro por crisis, se cambian para que sigan igual. Otro tramo es el relativo al curso de las reformas que, de a tiro por elección, se legislan para arreglar el reparto del poder sin ensanchar los derechos ciudadanos.
En el primer tramo, desde Miguel de la Madrid se vienen realizando cambios sin mejora en la Policía Federal. Cuestión de recordar cómo algunos de los personeros de la Dirección Federal de Seguridad servían al narco o, bien, cómo un director de esa corporación asesinó al periodista Manuel Buendía. Con Carlos Salinas de Gortari los servicios de Seguridad e Inteligencia se ajustaron a la talla de su interés y necesidad personal; mientras Manuel Camacho revivió, en el Distrito Federal, a Miguel Nassar. Con Ernesto Zedillo se creó la Policía Federal. Con Vicente Fox se armó la Agencia Federal de Investigación, se abandonó el Cisen y se creó la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, de seguro, con Felipe Calderón se creará la Policía Nacional y, bueno, la Policía Judicial capitalina... ¡ya desapareció, por obra y magia de Marcelo Ebrard!
El otro tramo de la historia reciente que hay que tener presente es el relativo al de las reformas electorales. Después de la reforma política de don Jesús Reyes Heroles no hubo ninguna otra. Todas las reformas se redujeron al ámbito electoral, esto es, al campo de interés de los partidos: cómo repartirse el poder. Más de una quincena de reformas y contrarreformas electorales se registra desde entonces y todas, absolutamente todas, dejan de lado la materia de interés social: la relativa no al reparto del poder, sino al sentido del poder y la posibilidad de participar socialmente en él.
Ahora mismo, esa historia se revive. La traída y llevada reforma del Estado se redujo al ámbito electoral. Todo lo relativo a revocación del mandato, referéndum y plebiscito, que son mecanismos democráticos de participación directa, quedó como pendiente. Qué curioso. Los partidos ajustaron las reglas para repartirse el poder, pero se les olvidó ensanchar las reglas para la participación social en la política.
Si la sociedad no advierte eso ni se asume como ciudadanía, una y otra vez la élite en el poder le jugará el dedo en la boca.
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Por eso, hay que dejar que la élite política haga cuanto quiera en el ámbito de la seguridad pública: cambiar el color de las patrullas, estrenar uniformes, crear sistemas de información, realizar juntas tres veces al día, organizar Cumbres cada 15 minutos...
Que hagan cuanto quieran, lo que la sociedad debe reclamar es la posibilidad de echarlos del poder si no garantizan su seguridad, su integridad y su patrimonio. La sociedad debe remontar la idea de que el único instrumento de participación es su voto.
La democracia es mucho más que un ejercicio electoral y, justamente, por eso la élite política no quiere abrir e instrumentar los otros mecanismos de participación. La ciudadanía no se ejerce por horas, una vez cada tres años; ni el poder se puede preservar, si no se sabe ejercer. Si la élite política no puede, que se vaya de una vez.
Sosa Castelán contra
Granados Chapa
El lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, habrá una nueva diligencia en la causa que contra Miguel Ángel Granados Chapa, Alfredo Rivera y otros, endereza el singular político y diputado tricolor Gerardo Sosa Castelán. No estará demás acompañar a Miguel Ángel y los otros demandados y observar al juez Miguel Ángel Robles Villegas... que también es singular, tiene cuatro años con el juicio. La cita es en el juzgado 29 de lo Civil. Niños Héroes No. 132, Torre Norte, noveno piso.
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