En un acto protocolario, la protesta de 38 nuevos magistrados y jueces federales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Guillermo I. Ortiz Mayagoitia reprochó a los poderes Legislativo y Ejecutivo su incapacidad o insuficiencia al encarar la creciente inseguridad pública. Por supuesto no lo hizo de manera abierta, lo que habría sido grosero e implicaría un enfrentamiento entre poderes. Pero con un tono en apariencia sólo prescriptivo, de lo que debería ser y no es, señaló deficiencias ajenas para exculpar las atribuibles al Poder Judicial, señalado con frecuencia como último eslabón de la cadena de impunidad cuando sus miembros sentencian con laxitud y aun con lenidad a perpetradores de delitos graves.
Las leyes que emita el Congreso, dijo el ministro, deben ser “adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”. Las normas del derecho penal, “particularmente las que establecen los delitos y los castigos… deben ser claras, contundentes y precisas, tal y como lo exige nuestro artículo 14 constitucional”, y “determinar procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.
Al Ejecutivo le corresponde, según se desprende de la expresión de Ortiz Mayagoitia “procurar la prevención de los ilícitos y perseguir a quien los comete… Pero la prevención no basta, es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”. Y como si no confirmara la incriminación judicial frecuente al Ministerio Público, sino sólo como si emitiera una neutra esperanza, deseó que “las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial, con el profesionalismo y la calidad que amerita este sensible problema”.
Y tras describir con una obviedad la función del Poder Judicial (“dictar sentencias justas, imparciales y objetivas”), propósito que casi nunca se consigue según opinan los perdidosos en las litis resueltas por jueces, magistrados y ministros, Ortiz Mayagoitia condicionó el desempeño jurisdiccional al cumplimiento de las obligaciones de los dos poderes restantes, pues por un lado debe sujetar “siempre su autoridad al procedimiento que señalan las leyes” y por otra parte “vigilar que las leyes, las acciones persecutorias y las sentencias se apeguen invariablemente a los principios consagrados en la Constitución”.
Si se dispensa al ministro presidente la falta de autocrítica, son suscribibles sus observaciones sobre la inacción estatal que ha suscitado una “claramente justificada …indignación de la sociedad”. Obligados los jueces a la aplicación de la ley, malamente puede exigírseles que enderecen, por más esfuerzos de interpretación que hagan, legislación mal fundada y aun mal redactada, cuyos defectos redundan en beneficio de la delincuencia y, simétricamente, en perjuicio de la sociedad. También es compartible su juicio, aunque no lo explaye, sobre la insuficiencia en las funciones ejecutivas de previsión y persecución del delito: nunca como ahora se habían percibido con tal nitidez las incapacidades de los responsables de esas áreas, en parte derivadas de su inexperiencia, en parte de que su designación corresponde a intereses políticos ajenos a la función que realizan.
Ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó algunos de esos intereses políticos. Acaso para salir al paso de las organizaciones empresariales que reprochan al Gobierno Federal (así como a los locales) la creciente inseguridad, que la Iniciativa Privada resiente como si afectara sólo a su sector, el SNTE dijo que “la amenaza es para todos” en un mensaje de apoyo al presidente de la República. Es comprensible una expresión de esa naturaleza, pues la presidenta de ese sindicato y el de la República son firmes aliados, desde los meses en que Felipe Calderón buscaba ser candidato presidencial. Es comprensible también que el tema suscite un mensaje de Gordillo (que se hace acompañar en su firma por todos los órganos nacionales del gremio y casi todos los secretarios generales de sección). La seguridad pública es un área administrativa y política en que la dirigente magisterial ha mostrado explícito interés. En el sexenio pasado consiguió que uno de sus testaferros, Miguel Ángel Yunes, fuera designado secretario ejecutivo del Sistema Nacional De Seguridad Pública (y subsecretario del ramo en el Gabinete) y mantuvo esa posición en el área de Gobierno que le es propia. En la misma secretaría ejecutiva que ejerció Yunes se encuentra ahora Roberto Campa, cuyo acatamiento a la autoridad de Gordillo no deja lugar a dudas y se expresa en su conversión de contendiente de Calderón a ser su empleado en un cargo digamos que no muy eminente.
“Cuente usted -dice el SNTE a Calderón- con el respaldo de los maestros de México”, pues “el profundo deterioro de la seguridad pública que padece el país no puede continuar”. Lo dice Gordillo como si ella, a través de Campa, no contara con atribuciones estatales en la materia, como si la coordinación de las tareas policiacas en todos los niveles y la mejoría de las corporaciones respectivas no concerniera al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a su secretario ejecutivo.
Frente a la crítica del poder empresarial y el judicial, Gordillo erige el apoyo del poder magisterial al presidente de la República, su aliado en campos ajenos a la educación.
