Designan nuevo ministro de Economía Wilma Salgado (der.), firma como el nueva ministra de Economía de Ecuador acompañada del presidente Rafael Correa en el palacio gubernamental en Quito. El anterior ministro Fausto Ortiz dimitió el martes, horas después de que el Gobierno ecuatoriano incautara dos estaciones de televisión y casi 200 negocios más. (AP)
Señalan que las incautaciones de tres canales de televisión se aplicaron para cubrir deudas con acreedores del desaparecido banco Filanbanc.
El presidente Rafael Correa negó que el Gobierno busque controlar medios de comunicación recién incautados, mientras se reiteraban el jueves los llamados en defensa de la libertad de expresión, en tanto la Asamblea Constituyente respaldó lo actuado.
“Estos medios de comunicación forman parte de las propiedades de los responsables de un atraco bancario, que tienen que responder con ellas para que se haga justicia. Este es un acto de dignidad y justicia”, aseguró Correa el miércoles en un discurso público.
“¿Les parece que incautarlos pueda significar como ya dicen algunos, ‘un ataque a la libertad de expresión’?”, agregó.
Correa aseguró que “estas propiedades, legalmente incautadas, no serán manejadas por el Estado como algunas informaciones perversas han tratado de insinuar”, y agregó que “saldrán, en el plazo más corto posible, a subasta”.
La incautación de cerca de 200 bienes, incluidos dos canales de televisión abierta y uno de televisión por cable, fue ordenada el martes por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), una entidad gubernamental.
Las primeras propiedades en ser incautadas fueron las televisoras, y de las restantes, unas pocas ya están en manos de interventores estatales mientras que de la mayoría aún no se tiene información.
Se trata de firmas del área agrícola, comercial, de seguros y de la construcción, entre otras, muchas de ellas poco conocidas.
Las incautaciones se aplicaron para cubrir deudas con acreedores del desaparecido banco Filanbanco, que cerró en 1998 siendo propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, quienes viven en Estados Unidos y enfrentan en Ecuador juicios penales. Incluso están pedidos de extradición por la justicia ecuatoriana acusados de peculado.
Varios sectores han expresado sus reservas sobre que el Gobierno haya designado como administradores y directivos temporales a funcionarios del canal del Estado y otros sostienen que la medida fue política frente a la proximidad del referendo en el que se aprobará o negará la nueva Constitución que redacta la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo.
Álvaro Dassum, primo de los hermanos Isaías dijo que “es un atropello... a mí me quitan (el canal) por deudas de otras personas”. Dassum es dueño de ese medio desde 2000 cuando compró las acciones a sus primos.
