“Ronald Reagan... está buscando un gran avance en la tecnología política: ha perfeccionado la presidencia con recubrimiento teflón”. Patricia Schroeder
Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la ciudad de México, goza de ese efecto teflón que ha caracterizado en el pasado a políticos como Ronald Reagan. Nada de lo que hace le resulta mal: nada se le pega. Hoy los capitalinos y muchos ciudadanos del resto de la República ven con asombro el nuevo distribuidor vial de San Antonio. Nadie se pregunta cuánto costó ni cómo se está financiando la obra. El gobierno capitalino señala que la obra civil costó 700 millones de pesos y el remozamiento 80 millones más.
Si un gobernante priista o panista hubiese gastado 780 millones de pesos en una obra para beneficiar principalmente a los automovilistas —y por las prisas para concluir a tiempo para la fecha de inauguración hubiera tenido un accidente que dejara un trabajador muerto y otro herido— la prensa lo habría destrozado. Pero el efecto teflón radica precisamente en que no hay críticas y las que hay no tienen consecuencias.
Nadie parece preocuparse de que el distribuidor de San Antonio no resuelva el problema del congestionamiento vehicular en la zona en que se construyó. Hay una mejoría sensible, es cierto, en el tránsito de San Antonio al cruce con Revolución, el cual se pudo haber logrado con un puente sencillo de una fracción del valor del distribuidor. Pero no hay ningún cambio perceptible en las demás vialidades de la zona (Periférico, Revolución o Patriotismo). Los atascos continúan porque el diagnóstico estaba mal hecho. Obras viales de menor tamaño y costo en otros puntos, como Periférico y Las Flores, habrían facilitado mucho más el tránsito.
El que el actual gobierno capitalino haya gastado 780 millones de pesos en una obra espectacular pero que no cumple con su propósito de agilizar el tránsito no parece molestarle a la gente. López Obrador puede cuando menos mostrar los puentes; otros gobiernos gastaron dinero en obras —como drenajes, desazolves y acuaféricos— que no se pueden ver.
Quizá el programa que más popularidad le ha generado a López Obrador es la entrega directa de dinero a adultos mayores. Este proceso es mucho más eficiente que el que realizaban los gobiernos priistas del pasado, los cuales creaban instituciones cuya burocracia finalmente terminaba chupándose los recursos.
Pero el reparto de dinero no deja de ser un proyecto asistencialista, y aun así con objeciones importantes, como el hecho de que se otorgue dinero sin importar el nivel de ingresos de quien lo recibe. En este sentido, los programas del gobierno federal han sido más adecuados, porque se encauzan sólo a los grupos más marginados. Pero ni siquiera esto afecta a un López Obrador protegido por el efecto teflón.
Quizá el aspecto más preocupante de la actuación de los gobiernos del Distrito Federal de la última década sea la acumulación de deuda pública. En 1994, al terminar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (que tuvo como regentes a Manuel Camacho y Manuel Aguilera Gómez), la deuda del gobierno capitalino era de 1,473 millones de pesos. Para fines de 1997, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el priista Óscar Espinosa la había elevado escandalosamente a 11,789 millones de pesos. Pero los perredistas no han cantado mal las rancheras. Cuauhtémoc Cárdenas la subió a 22,962 millones en dos años, 1998 y 1999, mientras que Rosario Robles la llevó a 28,649 millones de pesos tan sólo en el 2000. López Obrador ha coronado este esfuerzo de irresponsabilidad al subir el monto a 37,936 millones al mes de marzo de este 2003.
Este aumento de la deuda del Distrito Federal es simplemente insostenible. Ni López Obrador ni sus predecesores han mostrado ningún interés por reducir el endeudamiento. Han preferido servir a sus intereses políticos. Así, el servicio de la deuda seguirá comiéndose un porcentaje cada vez mayor del gasto público capitalino y pronto ocurrirá lo que tantas veces ha sucedido: la federación tendrá que acudir al rescate, por lo que los contribuyentes de Yucatán, Nuevo León, Sonora, Baja California y todos los demás estados tendrán que pagar una deuda que no les ha reportado ningún beneficio.
Pero tampoco esto afecta políticamente a López Obrador. La ventaja del efecto teflón es que puede uno dejar el tiradero, que ya otro tendrá que venir a limpiarlo.
Equidad
Patricio Martínez, el gobernador priista de Chihuahua y Pablo Salazar, supuestamente independiente aunque en realidad perredista, de Chiapas, han decidido no detener sus campañas de promoción en vísperas de las elecciones del seis de julio. Habrá que recordar su violación a la equidad electoral.
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