La presión coreana está exigiendo el pago total de la indemnización reclamada en un largo litigio con Petróleos Mexicanos
Aplazada una y otra vez durante cinco meses la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública autorizara un ni-tú-ni-yo que conciliara a las partes, la presión coreana está exigiendo el pago total de la indemnización reclamada en un largo litigio con Petróleos Mexicanos.
Estamos hablando de los 648 millones de dólares que planteó en su resolución final el tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París.
Estamos hablando del diferendo que planteó el consorcio Comproca contra la paraestatal por supuestos vicios ocultos en el contrato para la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
El fallo llegó en enero pasado, tras seis años de jaloneo, al considerar el órgano arbitral que los argumentos de defensa de la empresa pública no eran sólidos, por más que ésta había planteado a su vez un reclamo de 788.9 millones de dólares, por la entrega incompleta de las obras y uso de materiales de segunda.
Lo curioso del caso es que en la fase previa se habían dictado media docena de resoluciones más… todas favorables al emporio integrado en su origen por la firma coreana SK Engineering, la alemana Siemens y la mexicana Tribasa.
La historia llenaría mil páginas de una novela de horror.
Hete aquí que inaugurada a vuelo de fanfarrias por el ex presidente Ernesto Zedillo en el último tramo sexenal la que se calificó como la gran refinería que reclamaba el país, ésta nunca ha logrado trabajar ni a la mitad de su capacidad instalada.
De hecho, se cortó el listón cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolina apenas podían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Y si le seguimos, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrosulfatadoras de naftas y reformadora de naftas… por más que Pemex había obligado a la constructora a cambiar 306 válvulas que, a juicio de los peritos, no reunían la calidad requerida.
El contrato, pactado bajo el esquema de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), fue de mil 800 millones de dólares, precio que, naturalmente, ninguna firma mexicana podía garantizar.
La ganga, empero, derivó en pesadilla.
En el patético escenario, por ejemplo, el consorcio tiró la toalla meses antes de la construcción de una planta coquizadora, es decir, productora de residuos de petróleo conocidos como coque, cuya utilidad práctica es utilizarlos como combustible para plantas generadoras de energía eléctrica.
De hecho, la empresa pública debió subsidiar durante años el suministro de la materia prima a Cementos Mexicanos, en cumplimiento de un contrato firmado que le garantizaba mano.
El escenario, pues, estaba a punto para demandar a Comproca… y de pasadita retenerle los pagos de la obra financiada.
Lo inaudito del caso es que Petróleos Mexicanos se colgó la soga al cuello, o mejor dicho la colgó la corrupción galopante, al aceptar la firma de un finiquito que le obligó a pagar las facturas a partir del 2001, es decir, cuatro años después de la firma del contrato.
El documento lo avaló el propio ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Ahora que meses antes la paraestatal, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, había firmado el siete de julio y el 15 de noviembre del 2000, documentos en los que aceptaba un posible adeudo a favor de Comproca por “trabajos complementarios y ajuste de cuentas críticas”.
Con los documentos en la mano el consorcio planteó su reclamo ante la Corte Internacional de Arbitraje, exigiendo los 648 millones de dólares.
Y aunque Pemex reviró poniendo en la mesa a su vez un reclamo de 788.9 millones de dólares por los daños provocados al empleo de materiales “de segundo cachete”, sus argumentos no convencieron a los árbitros. La paradoja del caso es que con el desastre a cuestas hasta hoy al único que se persigue, al menos en el papel, es al ex director de Pemex Refinación, Oscar Mario Willars, si bien sólo para que se presente a dar a una explicación.
El ex funcionario, al parecer, se refugió en Rusia, a la vera de la privatización de las petroleras que tenía en su poder el Estado.
Lo curioso del asunto es que la supuesta persecución se agota en exhortos en los diarios para que testifique, digo si nos hace el favor. Perdió Pemex. Perdió México.
Balance General
Colocada en ruta final la revisión del expediente por parte de la Secretaría del Trabajo para determinar el sí o no a la “toma de nota” en la reelección del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, éste se sacó un as de la manga. Estamos hablando de una recriminación a la dependencia por parte del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que se califica de ingerencia en la vida interna del órgano de representación laboral, “lo que contradice el artículo tres del Convenio 87 que consagra el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes”.
De hecho, se habla de que están en revisión nueve recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano.
La presión, naturalmente, apunta a un inminente rechazo del reconocimiento oficial al líder, por violar los estatutos internos del sindicato.
Yo no fui…
La sorpresa, en la espectacular incursión de la Secretaría de Hacienda en busca de facturas apócrifas en las imprentas que circundan la Plaza de Santo Domingo, fue el hallazgo de logotipos y registros fiscales de firmas gigantes.
El escenario alcanza, por ejemplo, a almacenes como El Palacio de Hierro, Al Puerto de Liverpool, Sanborn’s y el Nuevo Mundo; a tiendas de autoservicio como Gigante, además de empresas como Telcel, Automóviles América, Comex, Farmacias El Fénix, Farmacia París, Office Max, Steren…
Las cuentas con el fisco no les van a cuadrar en un largo rato.
De tú a tú
En intento de pelearle el tú a tú a Cementos Mexicanos, dueño de dos firmas en España, el grupo suizo Holcim acaba de adquirir el 100 por ciento de la empresa ibérica Tarnic, cuya propiedad la mantenía la Anglo Americana pie London.
La transacción se pactó en 148 millones de euros.
La compañía, con sede en Madrid, cuenta con 43 plantas de concreto premezclado y ocho de agregados.
Luto en la radio
Viuda de Francisco Aguirre, fundador del Grupo Radio Centro, la cadena líder de audiencia en el país, ayer falleció María Esther Gómez de Aguirre, quien había tomado la presidencia del consorcio en 1979.
En la fructífera vida de la mujer a la que propios y extraños ubicaban como “Doña Esthercita”, se anota en la bitácora la fundación de los “Clubes de Optimismo”, a cuya vera se promovieron los valores humanos más entrañables, en la tarea de la superación personal.
Nuestras condolencias a sus hijos y a la gran familia Radio Centro.
