Revela Santiago Creel acuerdo para dictaminar reforma
‘Torpe e ilegal,
oponerse a consulta’
Es importante que se haga una consulta ciudadana en el país, porque hay que dejar en claro que en ningún estado de la República, en ninguno de sus municipios, y menos en lo federal, existe prohibición alguna para hacer un ejercicio de este tipo, afirmó el perredista Cuauhtémoc Cárdenas. En cambio, dijo, me parece totalmente no sólo torpe, sino antidemocrático y hasta ilegal, el oponerse a quien quiere que se haga una consulta popular. (Agencias)El senador Santiago Creel afirmó que los líderes partidistas en la Cámara Alta pactaron que una vez que concluyan los foros en materia energética se iniciará de “inmediato” el proceso de dictaminación de las iniciativas del Ejecutivo.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores aseguró que hay un acuerdo suscrito en la Junta de Coordinación en el que se establece que los foros concluirán el 22 de julio, “ni un día más”.
A partir de esa fecha, dijo, se iniciará de manera inmediata el proceso de dictaminación para después buscar el siguiente paso que es poner a consideración del pleno lo que se dictaminó en comisiones.
“Eso es lo que está pactado, todo lo demás es falso”, subrayó Creel Miranda, e insistió en que se trata de un acuerdo que cuenta con la firma de cada uno de los coordinadores.
En él se establece con toda precisión que una vez concluidos los foros se inicie el proceso de dictaminación; “ese es el pacto, ahí están las firmas”, recalcó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Por su parte, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdens Solórzano, respondió a las acusaciones del presidente de la República, Felipe Calderón, en el sentido de que el debate sobre el petróleo sólo se ha centrado en los planos ideológico y político, pero en el plano técnico no ha habido realmente una polémica.
En un escrito difundido ayer Cárdenas respondió que es el Gobierno el que no ha tenido propuesta en los terrenos técnicos y económicos, salvo expresiones de que con los cambios del marco regulatorio, “por arte de magia, sin precisar actividades, ni menos inversiones requeridas”, se tendría una industria petrolera reactivada y en expansión.
Insistió en que “un primer paso para recuperar a la industria petrolera para el país, debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función sólo de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el Gobierno”.
Propuso demandar al Gobierno “que presente sus propuestas de producción, de las actividades a realizar en materia de exploración, refinación, transporte, almacenamiento, etc., de los montos y las fuentes de financiamiento que se requerirían para ello y su distribución en el tiempo, así como de los mecanismos de regulación que estime necesarios para una industria petrolera pública que opere con autonomía presupuestal y de gestión”.
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