Venderán inmuebles ‘ociosos y costosos’ para el erario

Un cine en Jalisco, terrenos en distintas entidades del país y hasta locales comerciales son parte de los inmuebles que el Gobierno Federal pondrá a la venta porque resultan “ociosos o improductivos” y le generan gastos de conservación, vigilancia, protección, control y administración, “distrayendo recursos públicos”.

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas, publicó ayer un acuerdo para poner reglas a la venta los inmuebles “ociosos y costosos” para el erario. (Archivo)

Sin embargo, el Gobierno aún no realiza el avalúo para saber el monto que podría obtener en caso de poder vender las propiedades.

Fuentes oficiales precisaron que no están en disposición de “hacer rebajas” y que el valor pedido será prácticamente inamovible.

La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas, publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para poner reglas a la venta de esos inmuebles del Gobierno, con base en los criterios de austeridad decretados por el presidente Felipe Calderón a su llegada a la Presidencia de la República.

Vega Casillas busca que “la venta de inmuebles federales sea privilegiando que ésta se lleve a cabo mediante licitación pública”.

El objetivo del funcionario es “contribuir a garantizar que en los procedimientos de venta de inmuebles federales se obtengan para el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como propiciar que se lleven a cabo bajo criterios de transparencia, certeza jurídica y libre participación de los particulares interesados”.

El valor de los inmuebles será el que determine el avalúo que practique el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

No podrán participar en las licitaciones las personas a las que el INDAABIN haya encargado la promoción de los inmuebles ni quienes en el pasado pretendieron comprar bienes y no cumplieron.

Tampoco “aquéllas con las que el servidor público que intervenga en el procedimiento de licitación pública, tenga interés personal, familiar o de negocios”.

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