Historia viva/Plaza Pública

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Aunque ocurrió hace treinta y dos años, la matanza del Jueves de Corpus, diez de junio de 1971, es historia viva. Tiene que ver con la transición política de fondo, el paso de un Estado cuyos agentes asesinaban sin castigo, y aun eran gratificados; a un Estado que emprende averiguaciones judiciales sobre esa conducta y se propone sancionarla, sobre la endeble base de una legislación apta para asegurar la impunidad, no la justicia.

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Un ingrediente necesario para la justicia es la memoria, la posibilidad de reconstruir el pasado. En esa tarea los archivos desempeñan un papel indispensable. En México apenas están siendo conocidos los papeles del autoritarismo, que corroboran el conocimiento difuso de cómo y porqué se propuso el presidente Luis Echeverría (y no sólo Alfonso Martínez Domínguez) cortar de raíz la renacida movilización estudiantil, paralizada de terror en octubre de 1968. Y la información extraída de esos desempolvados expedientes cuadra muy bien con la que puede conocerse en Estados Unidos. De una parte sustantiva de ella tenemos conocimiento gracias a la iniciativa de Proceso, el semanario dirigido por Rafael Rodríguez Castañeda, que a partir de marzo ha publicado la sección Archivos abiertos.

Se trata de “reportajes elaborados a partir de documentos oficiales desclasificados, obtenidos en México y Estados Unidos”. Para ello la revista suscribió un acuerdo con National Security Archive, que incluye la presentación de los documentos por la analista Kate Doyle. A propósito del día de hoy, datos de aquellos archivos muestran que Los Halcones, la brigada de choque organizada durante la regencia de Corona del Rosal (bajo el presidente Díaz Ordaz) recibieron un importante refuerzo cuando algunos de sus miembros fueron a entrenarse a Estados Unidos. Con toda evidencia, Echeverría se propuso evitar la gestación de movilizaciones como las de 1968, y resolvió matar sus embriones. Para ello consiguió que miembros de esa tropilla de asalto aprendieran “control de multitudes, para el manejo de manifestaciones estudiantiles y motines”. El mensaje de la embajada norteamericana en México, donde se dio curso a la solicitud gubernamental, enviado el seis de enero de 1971, daba cuenta también del interés de esos futuros combatientes por entrenarse “en tácticas de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo”.

Autorizado por sus jefes, hizo la petición el entonces coronel Manuel Díaz Escobar, mandamás de Los Halcones, que hace 33 años causaron la muerte de por lo menos quince personas (aunque el número exacto no pudo nunca determinarse) y lesiones graves a decenas más. Díaz Escobar no sólo no fue inculpado por esos delitos, sino que prosperó hasta ser comandante de zona militar. Según el mensaje de la embajada, “al describir al grupo que iría a Estados Unidos, Díaz Escobar indicó que cuatro ó cinco serían jóvenes oficiales de entre 20 y 30 años de edad; tres serían estudiantes universitarios de entre 18 y 19 años; y entre ocho y diez de ellos tendrían poco más de veinte años y se les entrenaría para ocupar posiciones intermedias.

El grupo propuesto es totalmente ajeno al departamento regular de policía del Distrito Federal...” Aunque se examinaron las posibles consecuencias negativas, la embajada, cuyo responsable era Robert McBride, sugirió a Washington “ser tan diligentes como sea posible en atender esta primera y esencial petición de asistencia del gobierno de Echeverría...”. La embajada se curó en salud proponiendo que “Las potenciales lluvias de críticas antiestadounidenses, como resultado de las futuras actividades de los entrenados, deben ser atenuadas arreglando para ellos una visita a otros departamentos de policía del extranjero, por ejemplo la Real Policía Montada del Canadá”. Del entrenamiento en Estados Unidos, y otros países, se sabe ahora también por vía indirecta. Habló del asunto un ex miembro de esa brigada de choque que continuó, aunque ya sin autorización oficial como antes del diez de junio, su carrera delictiva. Fue detenido en enero de 1972, apenas medio año después de la matanza de San Cosme. Sólo había cambiado de giro: junto con otros ex Halcones, Leopoldo Muñiz Rojas, apodado El Guilligan, se dedicó a asaltar tiendas, un banco y un retén militar en Tecamachalco, Naucalpan.

Fue detenido por la Dirección Federal de Seguridad ante cuyo responsable, Luis de la Barreda Moreno, trazó su biografía. El documento correspondiente obra en los archivos de esa policía política, consultados por el reportero Gustavo Castillo, que hace un mes recibió el Premio Nacional de Periodismo. Según El Guilligan (La Jornada, nueve de junio), Díaz Escobar, que había dirigido la operación, concentró a todo el personal y antes de dispersar el cuerpo les ordenó maniobras de distracción, que confirmaran la versión oficial de que el ataque del Jueves de Corpus resultó de un enfrentamiento entre facciones estudiantiles.

Fueron halcones los que en los días siguientes quemaron un coche en Ciudad Universitaria y robaron gasolineras. Nadie fue procesado por esos delitos, lo cual era de esperarse, a contrario sensu, a raíz de la oferta del Presidente Echeverría de aclarar la matanza. En lo inmediato, castigó políticamente a Alfonso Martínez Domínguez, al jefe policíaco Rogelio Flores Curiel y al procurador Julio Sánchez Vargas. Pero ninguno de ellos padeció siquiera ostracismo de por vida. Todos volvieron premiados. Díaz Escobar fue comandante, diez años después, de la octava zona militar, con sede en Tamaulipas.

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