Los asesinatos cometidos en contra de las locutoras comunitarias triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, revivieron las rencillas del pasado y viejos anhelos a favor de la paz en la zona triqui de la empobrecida mixteca oaxaqueña.
A 18 días de la emboscada realizada en Llano Juárez, donde fallecieron las comunicadoras, decenas de organizaciones políticas y de derechos humanos del país exigieron ayer que la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga las investigaciones del doble crimen.
Mientras tanto, el Municipio Autónomo de San Juan Copala llamó a la creación de una mesa de diálogo que derive en la firma de un acuerdo de paz que posibilite el combate contra la pobreza y la impunidad, la discriminación y la violencia y contribuya al desarrollo de la región triqui.
En los últimos días, tras la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso, el Congreso local creó una comisión especial mientras que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se reunió con dirigentes del MULT y UBISORT a quienes convocó a suscribir un pacto de no agresión.
Al respecto, el Municipio Autónomo de Copala se excusó por no asistir al encuentro celebrado el 22 de abril, debido a que en años anteriores se firmaron varios acuerdos de pacificación que fueron violentados y porque en la región triqui prevalece la impunidad ante casi mil asesinatos en los últimos 60 años.
Tras el asesinato de ambas periodistas comunitarias, las viejas rencillas entre el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), la Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y el Municipio Autónomo de Copala resurgieron en forma de mutuas acusaciones.
Pese a ello, los dirigentes del MULT, Heriberto Pazos y de UBISORT, Rufino Juárez Hernández expresaron por separado su disposición a suscribir un pacto de no agresión. Incluso Juárez Hernández fue mucho más lejos al exigir la presencia del Ejército Mexicano en esa región.
Por la tarde del miércoles, el Municipio Autónomo de Copala fijó su postura ante los últimos acontecimientos y expresó su deseo para el restablecimiento de condiciones de seguridad y respeto en esa zona, sin embargo, condicionó cualquier pacto a la creación de una mesa de diálogo.
En dicha mesa de diálogo, señaló el Municipio Autónomo en un comunicado, deben participar personalidades de la vida política del país con suficiente autoridad moral como el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
Ayer, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos del país, solidarios con la causa del Municipio Autónomo de Copala, expresaron en un comunicado que “la paz en la región triqui sólo será posible si se erradica la pobreza y la injusticia”.
En dicho comunicado dirigido al titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, demandaron “la instrumentación de las medidas cautelares a favor de los testigos” del doble crimen y la creación de un espacio de negociación en la región triqui.
