Si, en verdad, el presidente Felipe Calderón quiere que “dialoguemos de manera abierta, objetiva y serena sobre las alternativas para fortalecer nuestra industria petrolera” es preciso conocer la propuesta y la agenda oficial –temas, plazos y fechas– para emprender ese diálogo y, entonces, convocar a un periodo legislativo extraordinario.
Sin esos elementos, la convocatoria al diálogo no es sino un ardid. Un recurso retórico para disfrazar una decisión tomada que, por el estilo mostrado en la reforma de las pensiones del ISSSTE, probablemente tendría por eje la conformación multicolor de una mayoría parlamentaria, fincada en la capacidad política para profundizar la división al interior del perredismo y del priismo, combinada con la negociación de asuntos o intereses no necesariamente vinculados a la reforma de Petróleos Mexicanos.
Una u otra opción definirá el recuerdo de la generación que –como dijo el mandatario– “tuvo la visión y el coraje para defender realmente la soberanía” o bien, parafraseando la cita, que “tuvo la miopía y la cobardía para traicionar realmente la soberanía”.
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Lo escuchado hasta ahora lejos está de constituir un diálogo civilizado. Ha sido un debate en la oscuridad dominado por los polos de la esquizofrenia política, alentada curiosamente por el Gobierno y la oposición lopezobradorista.
Por el lado gubernamental, el argumento propagandístico es un spot que promete, melodramáticamente, pasar de la miseria a la riqueza petrolera, yendo a buscar un tesoro al fondo del mar. El argumento político es el del miedo: si no se hace nada en 10 años se agotará el petróleo. Y, fiel a la subcultura política, el Gobierno elude llamar las cosas por su nombre, el verbo sexenal es el de “transformar” que, sin una carga denotativa, resulta equívoco.
Por el lado opositor lopezobradorista, el argumento propagandístico es el de la denuncia de la privatización del petróleo y, por consecuencia, el de la defensa de la soberanía. El argumento político es el de la resistencia con la carga melodramática de los patriotas contra los vendepatrias. Y, fiel a la subcultura política, esa izquierda impulsa una idea –también sin llamarla por su nombre– profundamente conservadora: el mejor cambio es aquel que no se realiza.
Uno elude, otro exagera. Uno insiste, otro resiste. Uno lanza spots, otro lanza consignas. Uno impone, otro opone y ninguno propone en serio. ¡Hasta el fondo del mar! o ¡Ni a la superficie!, podrían ser sus slogans.
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Por absurdo que parezca, más ricas son las posturas que se ventilan al interior del partido tricolor y del perredismo neocardenista.
En el priismo, las posturas corren de la reforma acotada a la reforma radical de Petróleos Mexicanos, pero sin renunciar al matiz. Ahí, está su riqueza. Pero, precisamente por desconocer qué pretende el Gobierno y, consecuentemente, no poder establecer su margen de maniobra sin exponerse a la división, el tricolor no acaba de encontrar el punto de equilibrio para fijar la postura del partido como tal.
Al lado de ese discurso, está también el de Cuauhtémoc Cárdenas, que reconoce la necesidad de operar cambios en Petróleos Mexicanos pero, como un sector del priismo, matiza y engrana éstos. Sin embargo, el neocardenismo dentro del perredismo no es la corriente hegemónica y, aun cuando es evidente que la corriente de Jesús Ortega comienza a alinearse –por buenas y malas razones– a esa postura, todavía es difícil conjeturar qué tipo de alianzas parlamentarias podrían establecer con sectores del priismo y, eventualmente, con el panismo.
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Por eso, superada la efeméride de la expropiación petrolera, urge conocer en serio la materia de debate: la propuesta gubernamental de reforma de Petróleos Mexicanos.
No se reclama necesariamente la iniciativa legislativa correspondiente, sino la idea de la reforma en serio para, entonces, determinar la forma de acompasarla y graduarla. ¿Qué se quiere decir con esto? La visión oficial es maniquea. Del conjunto del problema de la energía sólo concentra la atención en la derivada del petróleo, pero no dice nada de la nuclear, la eléctrica, la eólica y muchos menos la derivada del etanol. Ignorando manifiestamente ese marco, el Gobierno toma una postura radical: es menester aliarse con el capital extranjero e irse al fondo del mar. Salta del diagnóstico siniestro al pronóstico venturoso. Nada hay en medio. En esa lógica no hay etapas, matices, grados, ni opciones en el medio. ¿En serio, no hay nada?
En esto llama la atención un hecho. A muchos funcionarios y analistas se les llena la boca al hablar de la importancia del “gradualismo” para reformar un Estado y salir del todo o nada, pero curiosamente en este asunto la famosa palabra ni siquiera se menciona. Todo es urgencia. Y, en esa lógica, exigen legislar al vapor para irse acompañados al fondo del mar.
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Si, como el mismo Gobierno sostiene, la reforma de Petróleos Mexicanos es de una trascendencia extraordinaria y necesariamente pasa por las leyes, lo conducente es preparar y convocar a un periodo legislativo extraordinario con ese solo y único tema. Aislar por su importancia y en lo posible el tema, y evitar que se contamine como ya está ocurriendo ahora.
Preparar y convocar un extraordinario no es hacer lo mismo un poco más adelante. No es sinónimo de posponer. No, se trata de fijar una agenda de trabajo con temas, plazos y fechas y, entonces, ponerse a escribir leyes y establecer en el calendario la realización de ese periodo extraordinario, que bien podría ser en el mes de junio.
Reformar Pemex puede suponer reformar la política. Salir del asalto a la tribuna o la toma de San Lázaro. Salir de los esquemas de las triquiñuelas, los chantajes, las trampas y reivindicar la política. Ahí está como ejemplo el debate organizado cuando hubo que decidir cómo alimentar a la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Tuvo por foro lo que era la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y en él participaron científicos, técnicos, funcionarios, legisladores; vamos, la diversidad y la pluralidad. ¿Es impensable eso? ¿Somos tan incapaces?
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Seguir por el carril que va la disputa deja en la incertidumbre si habrá o no reforma y arroja, a la vez, una certeza: lo único que se puede provocar es un derrame político.
Hasta ahora es evidente que, en sus términos, la reforma va a partir a los partidos. Cuando menos al perredismo y al priismo. Esa apuesta entusiasma al Gobierno que, sin duda, ve en esa posibilidad una doble ganancia: electoral y energética. Pero, en eso, no puede desconocerse la debilidad del principal operador político del Gobierno, el secretario Juan Camilo Mouriño.
Precisamente, por el riesgo de la división interna, priistas y perredistas pueden resolver no dar su brazo a torcer en la reforma y, entonces, sería deplorable que el Gobierno saliera con el deplorable argumento de que si no pasa nada, no pasa nada. Lo único que ocurriría sería que Pemex tocara fondo, pero no el fondo del mar.
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Harta pensar que el argumento oficial sea un spot y que el argumento lopezobradorista una consigna. Hay que salir de la mercadotecnia y la estridencia. Abrirle un huequito a las razones y la palabra sería algo extraordinario.
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