Al revisar los saldos de la elección del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el resultado es muy claro: nuevamente triunfo la partidocracia y, más particularmente, el Partido Revolucionario Institucional y Manlio Fabio Beltrones, en lo individual, y perdió la ciudadanía, el IFE y México.
En el proceso de selección de los nuevos Consejeros, al menos, se intentó barnizarlo con un toque de participación ciudadana y transparencia, al lanzar una convocatoria pública y entrevistar a los candidatos frente a las cámaras del Canal del Congreso; pero para decidir quiénes se quedaban y quiénes se iban, los coordinadores se olvidaron de la simulación y lo decidieron, de principio a fin, en lo oscurito.
Y nuevamente el procedimiento, no conocido, fue la clave: en este caso, los únicos que participaron fueron el PRI y el PAN, pues ellos eran los que los habían designado en octubre de 2003, por lo tanto, ellos decidían a quién sacrificar y en qué momento. En realidad se trató de un auténtico ajuste de cuentas entre el partido que los nombró y los Consejeros.
Los partidos (PRI y PAN) asumieron plenamente que los Consejeros son sus representantes y les tienen que entregar buenas cuentas: apoyar los asuntos que les interesan, defender sus finanzas ante eventuales sanciones, cerrarle el paso a las quejas contra sus dirigencias, hacerse de la vista gorda ante las violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, defender como propios los triunfos de sus candidatos y un largo etcétera que siempre implica servir fiel y lealmente a su promotor.
Y si no cumplen con estas encomiendas, los consideran traidores y, por lo mismo, tienen que recibir su merecido. Este fue el caso de Rodrigo Morales y Alejandra Latapí; el primero fue propuesto por el blanquiazul y la segunda por el tricolor, sin embargo, en los hechos, ambos se alinearon en los grupos encontrados. En octubre de 2003, el PRI llevó al Consejo General a: Luis Carlos Ugalde, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez, Alejandra Latapí y Lourdes López; por su parte, el PAN propuso a Andrés Albo, Teresa González Luna, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez.
Esto presuponía una mayoría de cinco Consejeros tricolores y 4 blanquiazules; pero lo que sucedió, fue que en el grupo considerado más afín al tricolor se quedaron: Andrade, Gómez, López y Morales, es decir, emigraron al otro grupo Ugalde y Latapí y, en cambio, inmigró Morales; por consecuencia, en el otro grupo quedaron: Albo, González Luna, Latapí, Sánchez y Ugalde.
Así la mayoría se consolidó en el lado de los blanquiazules y no de los tricolores, como estaba prefigurada. Aquí está una de las razones por la cual priistas y perredistas eran los promotores de la reforma electoral, pero particularmente del cambio de Consejeros.
Y también el mensaje es claro: se van los traidores y esto bien vale que lo entiendan particularmente los que llegaron.
Aquí, la negociación se limitó a ver cómo se repartían a los tres Consejeros que se quedaban hasta octubre de 2010, fecha en la que concluía el mandato el Consejo General designado hace cuatro años y medio y, en ese caso, hasta hoy el beneficiado es nuevamente el PRI, pues como es evidente se quedó con dos de las tres plazas, habrá que ver si hubo compromisos respecto a qué sucederá en la renovación de agosto.
Así más allá de mensajes y repartos partidistas el problema realmente está en el procedimiento de designación, como fue evidente en este largo e intenso forcejeo entre las tres principales fuerzas políticas, donde fracasó la simulación que montaron, pues cada partido ya tenía a sus candidatos predeterminados. Y, para intentar resolverlo, únicamente encuentro dos alternativas: una, transparentar las cuotas partidistas, como sucede en otros países; o, dos, definitivamente limitar la participación de los partidos en este proceso.
En el primer caso, la ruta es muy sencilla, en la misma ley, se determina que cualquier fuerza política o grupo de fuerzas políticas con, al menos, el 33% del número de curules tendrá derecho a designar un Consejero; y la Presidencia estará reservada a la mayor bancada en la Cámara de Diputados o la del partido que detente la Presidencia de la República, siempre y cuando tenga o reúna con otras fuerzas políticas la tercera parte de los diputados. Aquí puede haber una variante en la que no se requiera el mínimo de la tercera parte y se deje simplemente a las tres fuerzas políticas con mayor representación en la Cámara. Así ya no habría discusiones, pues la responsabilidad de designar le corresponde directamente a las bancadas, siempre y cuando presenten candidatos que reúnan los requisitos legales.
En el segundo caso, el problema es un poco más complejo, pero tendría que resolverse por la vía de encontrar un órgano, ajeno al Congreso de la Unión, que integre ternas por cada puesto vacante, mediante un procedimiento abierto, claro y transparente; y que la Cámara de Diputados, simplemente opte por uno de los tres integrantes de cada terna. Se puede dejar la posibilidad de que rechacen, por un determinado número de veces, una o varias de las ternas y establecer el procedimiento y las condiciones para la reposición de las mismas.
Mantener el actual procedimiento, por más enmiendas y mejoras que hagan en la convocatoria pública, es simplemente mantener una simulación con reglas poco claras y conflictivas, como fue evidente en octubre de 2003, diciembre de 2007 y febrero de 2008; y, desde luego, conducirá cada día más a la partidización de los integrantes del órgano electoral.
