El trauma de vivir en departamentos pequeños

Sin una norma general que indique medidas mínimas en las casas de interés social, las inmobiliarias construyen viviendas muy reducidas sin atender los efectos que provocan en la salud.

En México hay una tendencia por construir viviendas reducidas a pesar de los riesgos que representa para la salud de los habitantes. Estudios sobre el caso demuestran que la falta de espacio constituye un factor que acelera situaciones de agresión.

Desde hace más de dos décadas, a lo largo y ancho del país, las grandes constructoras edifican casas de interés social de hasta 32 metros cuadrados; los expertos califican esto de inhumano e indigno.

El hacinamiento es el que más influye a nivel psicológico. Se caracteriza por ser acumulativo, “a lo largo de meses se vuelve una circunstancia importante en términos de relación familiar o de sensación de bienestar personal, suele traer conflictos fuertes. Cuando alguien quiere estar solo y no tiene dónde, representa una presión muy seria”, sostiene Javier Urbina, psicólogo urbanista de la UNAM.

En lugares pequeños, agrega, la convivencia se vuelve difícil ante la falta de privacidad. La territorialidad y el hacinamiento son elementos de la conducta y en ellos hay una fuerte connotación de necesidad de espacio, “si es reducido todos se verán afectados”.

Factor de riesgo

La Organización Mundial de la Salud, en el documento “Estrategia de la Vivienda Saludable”, establece que en el ambiente de la vivienda un individuo se sumerge al menos 50% de su tiempo. Las condiciones de ésta pueden considerarse factores de riesgo o agentes de la salud de los residentes.

En las observaciones destaca, por ejemplo, que la contaminación del aire interior, particularmente humo de cocinas mal ventiladas y cigarros, contribuye a la severidad de las infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía, incrementando el riesgo de cáncer; “la dispersión aérea de enfermedades virales se facilita”.

El reporte describe que la vivienda influye favorablemente en los procesos restauradores de la salud e incentiva la actividad creadora y el aprendizaje, cuando sus espacios funcionales reúnen las condiciones de facilitación para los que fueron diseñados.

Javier Urbina comenta que ante estresores ambientales, los habitantes de estas pequeñas viviendas desarrollan estrategias o pierden ciertos límites de interacción con los demás en un intento por evitar alteraciones, se vuelve entonces una pelea por el espacio. “No faltarán las disputas entre vecinos por apropiarse de áreas comunes”, comenta el especialista al hablar sobre la disfuncionalidad de los departamentos y casas pequeñas.

Más por menos

El diputado Daniel Chávez García, secretario de la Comisión de Vivienda, reconoce que hay quejas ciudadanas de quienes adquieren departamentos reducidos y les causan problemas, por eso: “tenemos que fijar una política de vivienda que genere gente sana, con amplio desarrollo en todos los sentidos tanto sicológicos como sociales”.

Las constructoras –advierte- en su afán de hacer departamentos más económicos han abusado de la necesidad social, incluso bajan la calidad de los materiales e incumplen con la norma de entregar viviendas dignas.

Araceli Escalante, de la misma comisión legislativa, dice que muchas viviendas de interés social carecen de espacios para mejorar la salud, “no dejan nada para áreas verdes. En los fraccionamientos buscan aprovechar al máximo los terrenos”.

Esto acarrea riesgos. A nivel colectivo, describe Urbina Soria, afecta la forma en que se desarrolla la familia, “necesariamente es negativa en las relaciones”, y también a la tolerancia diferenciada individual, “unos más que otros van a salir dañados psicológicamente. La falta de espacio facilita que la agresión se dispare”.

En el rubro social, el estudio “Conjuntos Habitacionales en la Ciudad de México”, realizado por investigadoras de la UAM, identifica problemas comunes como la apropiación de áreas colectivas para usos privados; inseguridad y delincuencia; conflictos entre vecinos; nula o casi inexistente relación de los habitantes del barrio.

Medida ¿estándar?

En los últimos años la dimensión promedio de las viviendas es de unos 42 metros cuadrados. Esta medida viene del sismo de 1985; el Gobierno debía entregar casas a damnificados y disponía de un terreno. Al dividirlo dio como resultado esa cantidad que quedó establecida como “una norma no escrita”, pero que se ha ido reduciendo.

El experto en psicología ambiental Serafín Mercado, en su libro “Habitabilidad en la vivienda urbana”, señala que lo mínimo que debe tener una vivienda para una familia media mexicana, de cuatro integrantes, son 45 metros cuadrados.

En México no hay Ley general que establezca una cantidad mínima de metros cuadrados en las viviendas por persona. Así, las grandes inmobiliarias encontraron la fórmula y le sacan provecho. “Le agarraron el modo, donde sea construyen igual, puede ser Mérida o Tijuana.

Saben su negocio, casi siempre compran parejas jóvenes a las que inicialmente el espacio les parece suficiente, pero al cabo de 4 o 5, ya no”, explica Javier Urbina.

Caso omiso

En su página electrónica, la Comisión Nacional de Vivienda señala que el Gobierno se propuso la meta de alcanzar un ritmo de financiamiento y construcción de 750 mil viviendas anuales a partir de 2006.

Carlos Lozano de la Torre, presidente de la comisión de Vivienda en el Senado, informa que tanto el Gobierno Federal como las constructoras están induciendo tamaños cada vez más chicos para hacer más acciones de vivienda por eso, abunda, es necesario diseñar una política que todos sigan.

“Estamos haciendo conciencia en estos temas, tanto los gobiernos como las constructoras deben estar en la misma frecuencia para que los programas de vivienda no sólo sean para resolver el problema del patrimonio familiar”, apunta.

Javier Urbina aclara que no es una cuestión de ignorancia, porque tanto a los desarrolladores de vivienda como a las dependencias públicas se les han entregado informes sobre los efectos en la salud, “lo saben, pero pesa más el factor económico”. No duda al señalar que se trata de una conducta abusiva, carente de moral y ética, “un trato inhumano e indigno hacia los compradores”.

Chávez García explica que cada estado tiene la facultad de aplicar su norma, así las dimensiones corresponden a las legislaturas estatales y a los ayuntamientos en su plan de desarrollo municipal.