Policías de Torreón cargaron el viernes una patrulla con el material que supuestamente tres empleados del Departamento de Alumbrado Público habían robado. (Fotografía de Francisco Meléndez)
Ordena Ministerio Público a la DSPM la inmediata liberación de los empleados municipales
Libres bajo ninguna reserva resultaron los tres empleados municipales que fueron detenidos por su probable responsabilidad en el robo de cable de cobre. La autoridad señaló que no había flagrancia.
“Las tres personas acreditaron ante el Ministerio Público que son empleados municipales y estaban laborando, los demás detalles los tiene el mismo Ministerio Público”, informó Arturo Silva, secretario técnico de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La mañana del sábado, el agente del Ministerio Público, Guillermo Escobedo Sandoval, informó que ya le habían solicitado la libertad bajo fianza los inculpados Dante Prone Galván, Ernesto Mireles Lozano y Édgar Mireles Hernández. “El delito no es grave, sólo falta valorar el monto de los objetos asegurados para poder fijar la fianza”, dijo el funcionario público.
Sin embargo, el secretario técnico de la PGJE fue notificado sobre la liberación de los tres inculpados “ya que no había ningún tipo de flagrancia al momento de la detención”, fue el argumento que le hicieron saber a Arturo Silva desde la oficina de Escobedo Sandoval, quien ya no pudo ser localizado.
En la cárcel municipal se dio a conocer que a las 15:39 horas, mediante un oficio firmado por Guillermo Escobedo, se ordenó “la inmediata libertad” de los tres inculpados.
La detención de los empleados del Departamento de Alumbrado Público, ahora exonerados, fue por un señalamiento directo de dos regidores del Ayuntamiento y un directivo municipal, que solicitaron la presencia de la Policía Preventiva de Torreón en la casa ubicada en calle 23, entre Abasolo y Ocampo de la zona Centro.
El reporte oficial dice que los sujetos tenían los cables en la mano. Fue por medio de supuestos señalamientos de vecinos del lugar, sobre la actividad de los trabajadores a la hora de “pelar” los alambres para venderlos a granel, el cual se compra actualmente en distintos establecimientos entre 79 y 81 pesos el kilogramo.
Ante la extraña liberación de los tres empleados, será la parte acusadora, en este caso el área jurídica del Ayuntamiento, quien deberá pedir una explicación al agente del Ministerio Público, Escobedo Sandoval, sobre los elementos que valoró al momento de tomar la citada determinación.
ESTABAN TRABAJANDO
“Las tres personas acreditaron ante el Ministerio Público que son empleados municipales y estaban laborando, los demás detalles los tiene el mismo Ministerio Público”.
ARTURO SILVA,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
