Los ex funcionarios implicados en el llamado “toallagate” pueden laborar de nuevo en el Gobierno Federal porque las sanciones que les aplicaron fenecieron incluso antes del final del Gobierno del ex presidente Vicente Fox.
Carlos Rojas Magnon, quien presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en la Presidencia de la República con Fox, fue visto el pasado 9 de julio durante el lanzamiento del Fideicomiso ProMéxico -organismo que promoverá los productos mexicanos en el exterior-, que lanzó el presidente Felipe Calderón.
A partir de la auditoría realizada del 20 al 28 de junio de 2001, con número de oficio DGAG/311 y del directorio de servidores públicos sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se puede confirmar quienes fueron los implicados y cómo fueron suspendidos con periodos de tres meses a dos años, pero hoy todos pueden ocupar cargos en la administración pública.
Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP, informó el 26 de junio de 2001 que Carlos Rojas Magnon presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en la Presidencia de la República y que de los ocho integrantes del Comité de Adquisiciones de la Presidencia, tres presentaron su renuncia, tres quedaron suspendidos y dos ya no laboraban ahí.
Entre ellos, Rojas Magnon, asesor y coordinador administrativo de la Presidencia de la República, fue sancionado por dos años por “violación a leyes y a la normatividad presupuestal”; Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones, recibió dos suspensiones de seis meses, aunque ya en octubre de 1998 en la misma Presidencia de la República fue castigado con un “apercibimiento privado” por “violación a leyes y a la normatividad presupuestal”.
