Saltillo sábado 3 de may 2003, 11:22am - nota 1 de 2

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PEDRO VAZQUEZ VAZQUEZ

RAMOS ARIZPE, Coah.- El ayuntamiento panista de Ramos Arizpe hizo cierto su anuncio de demandar al PRI municipal, al presentar el miércoles pasado sus formales denuncias, electoral y penal, ante el Instituto Federal Electoral y la Agencia del Ministerio Público, respectivamente, en contra del tricolor por hacer proselitismo con un programa de gobierno y por usurpación de funciones.

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Como ya lo había informado EL SIGLO, el lunes pasado el alcalde Ernesto Saro Boardman, manifestó en conferencia de prensa la intención del ayuntamiento de denunciar al PRI local, por haber ofrecido pies de casa de un programa del Instituto Estatal de la Vivienda, en las oficinas del Revolucionario Institucional, donde presuntamente intervinieron dos funcionarios del IEV y representantes de las constructoras que tienen a su cargo la edificación de las viviendas.

Además, el ayuntamiento denunció a tres personas que supuestamente son funcionarios del IEV: David Concha, Alma Rosa Rodríguez y Juan Antonio Rivera, por ofrecer las casas en la sede del PRI, o bien en su calidad de representantes de las constructoras, pero también por haber promocionado el programa en un recinto partidista.

Saro Boardman, consideró que al presentarse de manera formal la denuncia ante las autoridades correspondientes, la Contraloría del Estado debe intervenir; aunque las autoridades municipales informarán de lo sucedido a los órganos fiscalizadores del Congreso local.

“SI SE DEMUESTRA; INVESTIGAMOS”: CONTRALORIA ESTATAL

Por su parte, la titular de la Contraloría estatal, Inés Garza Orta, comentó al respecto que el ayuntamiento de Ramos Arizpe debe comprobar su denuncia ante el órgano fiscalizador del estado, para que este pueda intervenir.

“Yo le pido al alcalde que demuestre que las personas denunciadas son trabajadores del IEV, y que estaban en el PRI ofreciendo las casas de un programa de gobierno”, expresó la contralora.

Aclaró que conforme a investigaciones preliminares de la Contraloría, las personas que ofrecían las viviendas no son empleados del Instituto Estatal de la Vivienda.

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