Senado ratifica dos dictámenes de reforma fiscal
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal de Derechos en materia de Hidrocarburos, que dotará a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 30 mil millones de pesos adicionales en su primer año de aplicación. Se trata de uno de los siete dictámenes que conforman la Reforma Fiscal que son discutidos en la sesión de este viernes del órgano legislativo.
La modificación al régimen fiscal de la paraestatal crea dos fondos para impulsar la energía renovable, reforzar la producción de hidrocarburos y estimular la producción de yacimientos abandonados para contrarrestar la caída que experimenta Cantarell.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, Francisco Labastida Ochoa, confió en que esa reforma coadyuvará a evitar una crisis en las finanzas públicas por la reducción de la producción petrolera en los próximos tres años.
Con ella, indicó, bajará en este sexenio de manera gradual de 79 a 71.5 por ciento el monto de los impuestos que paga al Estado, lo que otorgará a Pemex 30 mil millones de pesos en el primero año de su aplicación.
El legislador detalló que los recursos se canalizarán a gastos de inversión de Pemex para la exploración de yacimientos en aguas profundas, a la investigación científica y tecnológica, así como a la producción de petroquímicos básicos.
Sin embargo consideró que "nos quedamos cortos en la negociación" de esa reforma pues la paraestatal importa diariamente 46 millones de litros de gasolina.
En la discusión de ese dictamen también participaron los senadores Graco Ramírez, del PRD; Rubén Camarillo, del PAN; y Dante Delgado, de Convergencia, quienes hablaron a favor de la reforma a la Ley Federal de Derechos en materia de Hidrocarburos.
En su sesión de este viernes el Senado también aprobó reformas a disposiciones hacendarias y de la administración pública para que la Secretaría de la Función Pública (SPF) promueva la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública Federal.
Además se impulsa un ahorro de hasta 20 por ciento en el sexenio en el gasto de operación y administrativo de las dependencias del gobierno federal, que estableció una meta del ahorro anual de l5 por ciento como mínimo.
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