Algún amigo sincero debe tener Luis Carlos Ugalde, próximo ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Ese amigo debería explicarle cómo a aquella persona a quien se achacan todas las culpas para eximir otras se le denomina cabeza de turco.
Y es que, conforme se va viendo el fondo de la reforma electoral, esto es, el límite del gasto del dinero público en las televisoras, va quedando en claro que Luis Carlos Ugalde es nada más el pretexto de la resistencia. Es la cabeza de turco, el peón sacrificable de un juego de ajedrez de mucho mayor hondura.
Por eso, las televisoras han envuelto al Consejo del IFE en la bandera de la autonomía e ignorado olímpicamente la sustancia de la reforma: no quieren poner sobre la mesa el verdadero motivo que los rebela, la pérdida del 70 por ciento de las prerrogativas de los partidos que iban a dar, a manera de spots, directamente a su caja registradora.
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La defensa de Luis Carlos Ugalde y de aquellos consejeros que se han colocado en fila con él, es imposible.
Pensar que esos consejeros son los baluartes de la autonomía y la independencia del IFE es poner las cosas de cabeza. Fueron ellos, precisamente, quienes desde su misma designación vulneraron esa autonomía e independencia y quienes con su desempeño pusieron en peligro esa institución que tan cara ha resultado a la ciudadanía. Cara por querida y cara por costosa. Creer que sostenerlos en el puesto es defender a la institución, es participar del juego de las televisoras: es tronar la reforma y a la institución, bajo el disfraz de su defensa.
No hay, pues, manera de sostenerlos. Pero si la permanencia de Ugalde y el resto de los consejeros es el único motivo o pretexto para frenar la reforma electoral, está bien, que se queden. No importa. Su estancia, aun con el peligro supuesto para la competencia electoral de 2009, vale el precio de la reforma. Adelante, que se queden, que disfruten su beca y hagan gala de su cinismo. Tanto tiempo se ha perdido en el rediseño institucional del régimen político-electoral que tres años más echados al cesto de la basura es poca cosa.
Supondrá, desde luego, un costo en la elección intermedia, pero bueno que se quede el Consejo. A ver cómo le hace para organizar y regular una competencia cuando los competidores los han descalificado.
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Repuestos los peones en sus casilleros, salvada la cabeza de turco, vale entonces entrar al fondo de la materia y hacer un esfuerzo por llamar las cosas por su nombre: dejar claramente establecido que la preocupación de los medios electrónicos no es la autonomía y la independencia del IFE, como tampoco la libertad de expresión que dicen; es, simple y sencillamente, un problema de dinero. No quieren perder la transferencia de recursos públicos que, vía los partidos políticos, obtienen cada tres años.
La propuesta de la reforma electoral de utilizar el tiempo del Estado en la contienda electoral, sin posibilidad de que los partidos políticos y los servidores públicos compren tiempo-espacio en los medios electrónicos, golpea directamente el bolsillo de esa industria. Los grandes concesionarios ganan por partida doble –pagan impuestos en especie y cobran los spots electorales– y obviamente, resisten la idea perder ese enorme botín de dinero.
Un botín que, curiosamente, se integra con recursos públicos, con dineros de los ciudadanos que, por la vía de las prerrogativas de los partidos políticos, iba a parar en 70 por ciento a las arcas de los medios electrónicos. Son cientos de millones de pesos los que están en juego. Si se aprueba que el tiempo-aire que corresponde al Estado se destine, en temporada electoral, a los partidos es evidente que “el negocio” de la democracia ya no irá a parar a los medios.
Por eso es que el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Andrés Massieu, hizo circular “los lineamientos” con los que hay que resistir la reforma electoral, encuadrándola en la defensa de “la libertad de expresión” y entrevistando sólo a quienes incluye la lista de personalidades difundida por la propia Cámara. Dicho en breve, los concesionarios defienden la libertad de expresión limitándola: que sólo hablen quienes defienden el negocio de la industria, reduciendo la reforma a la permanencia del Consejo del IFE.
Meses atrás se habló de los excesos de la “spotcracia” y la “dinerocracia” y ahora que se proponen corregir esas perversiones de la democracia se esconde el tema. Curioso.
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La prohibición de comprar tiempo-aire por parte de los partidos y los servidores públicos es el corazón de la reforma electoral.
Esa propuesta junto a la reducción de las prerrogativas de los partidos durante la campaña electoral, así como la reducción de la duración de las campañas presidencial y legislativa configuran el trípode de la reforma: reducción de gasto, reducción de tiempo y cero compra de tiempo-aire. Ahí, hay un avance indudable. Una propuesta que ni por error ha sido abordada por las televisoras.
Habría que revisar, eso sí, la conveniencia o no de integrar un órgano técnico dentro del instituto para fiscalizar a los partidos. En ese punto hay que cuidar dos cuestiones: uno, que la fiscalización de los partidos quede en manos ciudadanas y dos, que esas manos tengan con capacidad profesional para hacerlo, capacidad por cierto que no tienen hoy los propios consejeros. Lo que hay que evitar es que esa fiscalización vaya a recaer en manos de los propios partidos.
Cuidando eso, quizá, hasta se fortalecería el papel del instituto como auténtico árbitro de la contienda. Pero el punto ni siquiera aparece en el debate promovido por las televisoras, la reducción que se ha hecho de la reforma –centrando de manera exclusiva la atención en el asunto de la permanencia del actual Consejo– es la cortina de humo con la que quieren preservar el negocio.
Es cierto, por lo demás, que esa reforma electoral deja de lado muchas otras propuestas nada despreciables.
No considera la reelección legislativa, la reducción del número de asientos en el Congreso, la desaparición de los senadores plurinominales y la disminución de los diputados plurinominales. No, no los contempla, pero quienes hayan seguido de cerca los trabajos de la reforma del Estado deben tener claro que esos puntos quedaron en la mesa de “Régimen de Estado y de Gobierno”. No eran, pues, materia de la mesa de reforma electoral.
Descalificar la reforma electoral porque no contiene lo que no era su materia es confundir el debate y engañar.
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Desde luego, la reforma electoral propuesta no es la deseable. Es la posible. El ama de llaves del régimen electoral son los partidos. No es satisfactoria esa circunstancia, pero es la realidad. Dentro de esos reducidos márgenes de maniobra, la reforma propuesta supone un avance.
Echar al cesto de la basura la reforma, bajo el engaño que sólo propone la remoción del Consejo Electoral, es algo más que vulnerarla. Es alentar la idea de que el desacuerdo y la confrontación son la única forma de establecer una relación política entre los ciudadanos y es, a la vez, impulsar a los poderes fácticos por encima de los poderes constitucionalmente constituidos. Ese juego, a la postre, tendrá un enorme costo para la democracia y la República.
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