AGENCIAS
México, DF.-Por vez primera, el Senado de la República aprobó ayer una ley tendiente a rechazar y eliminar cualquier forma de discriminación entre los mexicanos.
Además, el Senado de la República aprobó la Ley General de Desarrollo Social, la cual establece mecanismos de seguimiento y vigilancia de los recursos públicos destinados a los programas sociales.
Por decisión unánime, durante la sesión ayer quedó aprobada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Esta norma pretende reglamentar los preceptos ya incluidos en el capítulo primero de la Constitución.
Concretamente quedará prohibida cualquier forma de discriminación por condiciones económicas, de preferencia sexual, xenofobia o discapacidad.
La ley incluye también la creación de un organismo desconcentrado que regulará las actividades de promoción y defensa de esta norma.
Durante el debate, los Senadores se pusieron de pie para ovacionar al político Gilberto Rincón Gallardo, uno de los principales promotores de la ley.
En tribuna, la perredista Leticia Burgos destacó que con este instrumento ahora podrán hacerse acreedores por lo menos a sanciones administrativas los funcionarios que promuevan tratos discriminatorios.
Esta norma protege también a los adultos mayores de más de 60 años, así como a los indígenas y a los discapacitados, cuyos grupos están identificados como los más afectados.
También, con 96 votos a favor y ninguno en contra, los senadores de la República dieron luz verde a la legislación que prohíbe cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios.
La nueva norma, constituida por 85 artículos distribuidos en cinco Títulos, regula las obligaciones del gobierno, establece las instituciones responsables del desarrollo social y define los objetivos de la política nacional en la materia.
Asimismo, establece que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideran prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación, eximiéndolos además de sufrir disminuciones en sus montos presupuestales sin previa autorización de la Cámara de Diputados.
La Ley General de Desarrollo Social crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Social, concebido como la instancia permanente para la coordinación entre los niveles de gobierno y las instancias del Ejecutivo Federal que guardan relación con la política social.
Ese Sistema Nacional tiene como objetivo integrar la participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social.
Además, promover los programas, acciones e inversiones de los tres niveles de gobierno, así como fomentar la participación de las organizaciones y de los sectores social y privado.
También se creará el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Dicho organismo tendrá como objetivo establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
La legislación contiene la figura de la denuncia popular, con la cual toda persona u organización podrá denunciar ante la autoridad competente cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la norma.
También, se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
La nueva norma establece que la política nacional de desarrollo social debe incluir cuando menos las vertientes de superación de la pobreza a través de la educación, salud, alimentación, generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.
Además, seguridad social y programas asistenciales, desarrollo regional, infraestructura social básica y fomento del sector social de la economía.
