Dan formal prisión a funcionario por filtrar datos sobre Madrazo
Un juez federal decretó auto de formal prisión al funcionario del SAT acusado de haber filtrado información fiscal confidencial de Roberto Madrazo Pintado. (Archivo)MÉXICO, DF.- Un juez federal decretó el auto de formal prisión en contra del funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es acusado de haber filtrado información fiscal confidencial de Roberto Madrazo Pintado y que fue utilizada en su contra, durante la campaña presidencial de 2006.
Iván Guillermo de Lara Rentaría, quien estaba adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tijuana y que fue detenido el pasado 18 de julio, será procesado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad de sustracción de información confidencial.
En el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, donde desde el pasado 22 de junio se giró la orden de aprehensión contra el funcionario, se consideró que existían suficientes evidencias en su contra para que sea sometido a juicio penal.
El inculpado presuntamente sustrajo de forma indebida la información fiscal del contribuyente Roberto Madrazo Pintado, entonces candidato a la Presidencia de la República de la Alianza por México.
La información fue difundida el 25 de abril de 2006, durante el primer debate de los candidatos presidenciales, donde Roberto Campa Cifrián, entonces abanderado del Partido Nueva Alianza (Panal), exhibió documentos en los que acusó a Madrazo Pintado de haber evadido impuestos entre los años 2003 y 2005.
Esto derivó en una denuncia ante la PGR, presentada por el ex dirigente priista ante el uso indebido, manipulación y sustracción de información fiscal confidencial; la investigación concluyó 15 meses después con la captura de Iván Guillermo de Lara Rentaría.
Aunque la denuncia también era contra Campa Cifrián, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que la PGR haya explicado si el funcionario fue investigado por estos hechos y si en su caso no se encontraron evidencias de la posible comisión de un delito por el uso de la información sustraída por el servidor público del SAT.
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