Función Pública, quien más incumple al IFAI
Datos oficiales del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) muestran que, hasta finales de 2006, la Secretaría de la Función Pública fue sujeta a 21 quejas por incumplimiento con las resoluciones del IFAI, más que cualquier otra dependencia, lo que representa 17% del total de las resoluciones con instrucción remitidas a la dependencia.
“Una de las mayores limitantes que presenta el proceso de apelación es la capacidad limitada del IFAI para lograr que sus decisiones se acaten. En la práctica, haber confiado en la capacidad de la Secretaría de la Función Pública para aplicar sanciones en los casos de incumplimiento de las disposiciones del IFAI ha resultado en un respeto limitado al acceso a la información”, explica Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en su libro “Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas”.
De acuerdo con la información recabada por la asociación, entre los documentos a los que se no se ha podido tener acceso por parte de la ciudadanía están: Las boletas electorales del 2 de julio, las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, el ejercicio de los ingresos excedentes transferidos a las entidades federativas por medio del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), los currícula vitae de los candidatos a diputados y senadores y de los consejeros del IFE así como los expedientes de quejas que obran en la CNDH.
De acuerdo con la misma organización, el IFAI y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental han tenido un impacto limitado en temas como el electoral, derechos humanos y el rescate bancario, entre otros.
Esto, porque ambos no han sido suficientes para dar a conocer documentos trascendentales que permitan saber realmente qué pasó, cómo se tomaron las decisiones, lo cual resulta en una baja rendición de cuentas en México, según explica Fundar.
Otro tema que analiza la organización en su libro, es la declaración de “inexistencia” a la que constantemente aluden las dependencias gubernamentales, cuando no quieren dar a conocer un documento.
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