Carece Durango de grupo antisecuestros
La PGJE está abierta para escuchar propuestas de empresarios para crear un grupo de prevención de secuestros y atentados.Facilita la DEI elementos para la seguridad personal de empresarios
El Siglo de Torreón
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque no cuenta con un grupo especial antisecuestros o para prevención de atentados, colabora con diferentes empresas duranguenses cediendo elementos de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) para cuestiones de seguridad, según lo faculta la Ley de Seguridad Pública, siempre y cuando los particulares paguen la nómina y armas de los agentes; consideran positivo crear un grupo de inteligencia para evitar siniestros por lo que aseguran que están abiertos ante la iniciativa privada para recibir propuestas.
En varios estado del país, como en Sinaloa y Coahuila, por mencionar algunos, se cuenta con grupos especiales antisecuestros, mismos que han tenido contacto con empresarios o personas susceptibles de plagios o atentados para que con base en consejos prácticos y dotación de escoltas eviten este tipo de agresiones.
En Durango, según comentó el subprocurador general de Justicia, Jesús Alberto Alejo Núñez, no se tienen grupos de ese tipo, sólo se llevan a cabo convenios basados en la Ley de Seguridad Pública a través de los que se dota a las empresas personal de la DEI para que los utilicen como seguridad, siempre y cuando paguen la nómina de los agentes y adquieran el armamento correspondiente.
Agregó que lo que sí se tiene son grupos de reacción, como la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCCO) y de investigación como el Centro de Inteligencia y Análisis Táctico (CIAT).
Sobre el tema, el subdirector de la DEI, Gustavo Rivera Ramos, comentó que sería una buena idea crear un grupo de prevención de secuestros y atentados que, coordinados por el personal del CIAT, podrían evitar este tipo de ilícitos.
Dijo que sería importante porque cada delito que se comete, además de afectar a las víctimas tanto en aspecto psicológico, físico y económico, es un ataque a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia pues se daña la imagen de éstas.
Comentaron que se ha estado previniendo a la sociedad en general en cuanto a extorsiones y secuestros a través de trípticos, pero es necesario reforzarlo.
Rivera Ramos agregó que ellos están abiertos a que los empresarios o personas susceptibles de estos delitos acudan a la Procuraduría a proponer sus inquietudes para coordinarse y actuar al respecto.
También comentó que, a manera de prevención, las personas que cuentan con gran poder adquisitivo no deberían mostrar su dinero, pues se ve constantemente que los hijos de éstos que circulan en vehículos de valor elevado y los jóvenes son presa fácil de los malhechores.
Por último, señaló que empresas mineras y gasolineras han contactado a la Procuraduría para que, facultados por la Ley de Seguridad Pública, se les dote de personal de la DEI para su vigilancia tanto en el interior del establecimiento como para escolta particular de los propietarios de éstos.
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