A los diputados federales no les alcanza el dinero y por ello aplicarán un programa de recortes al presupuesto en San Lázaro, a fin de obtener 10.5 millones de pesos que serán invertidos en gastos de atención ciudadana, oficinas de representación y actividades legislativas.
Bajo el argumento de que hay un margen de ahorro en la burocracia interna, los diputados “engordarán” sus dietas mensuales. Y es que los legisladores aseguran que requieren de mayores recursos para el trabajo en sus distritos; sin embargo, hasta hoy no hay ninguna normatividad que los obligue a comprobar los recursos que supuestamente invierten en oficinas de atención ciudadana.
Los diputados reciben arriba de 50 mil pesos mensuales, más algunas partidas de entre 50 mil y 120 mil pesos anuales por concepto de ahorro de recursos públicos para entablar una relación con su electorado.
En la normatividad interna, sólo los diputados panistas deben comprobar a su coordinador parlamentario este trabajo. No existen datos oficiales sobre cuántos de los 500 diputados tienen oficinas y en dónde.
Con este ahorro de 10.5 millones de pesos, de cuatro mil 604 millones de pesos que se les destinaron para 2007, los diputados elevarán sus recursos para “inversión en apoyo al trabajo legislativo y de gestión, comisiones y cumplimiento de las obligaciones fiscales de este órgano parlamentario, así como actualización tecnológica”.
La Secretaría General de la Cámara de Diputados dio a conocer el acuerdo que establece los lineamientos y monto de los ahorros en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a la Cámara Baja.
Se acordó que el consumo de materiales y suministro deberá reducirse al mínimo en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado y equipo de cómputo. El servicio de telefonía celular se limitará a diputados y aquellos servidores públicos que para cumplir sus funciones, les sea indispensable.
Los gastos de Comunicación Social y del canal del Congreso se apegarán a las directrices que establece la Mesa Directiva, bajo criterios de racionalidad y en apego a la normatividad e impacto de resultados.
Las medidas de austeridad no deberán afectar las actividades legislativas ni de seguridad de los diputados, servidores públicos y personas que asistan a San Lázaro.
Así, los candados se aplicarán más bien a los trabajadores de San Lázaro: “En materia de servicios personales, el acuerdo establece que se suspenderá la creación de plazas con excepción de las que aprueben los órganos de gobierno; las contrataciones de personal deberán reducirse al mínimo indispensable sin detrimento en el cumplimiento de los trabajos encomendados, aprovechando la fuerza laboral disponible de acuerdo a los perfiles, ocupaciones y necesidades.
