?Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en tribunales?. Artículo 17 de la Constitución
Para ?combatir el narcotráfico?, que es una facultad del Gobierno Federal pero no del local, las autoridades del Distrito Federal expropiaron ayer un gran predio en el barrio de Tepito que abarca más de 5,000 metros cuadrados. Dieron a los residentes y locatarios un plazo perentorio de 72 horas para desalojarlo. Con esta medida, sin embargo, el Gobierno capitalino está haciendo gala una vez más de su falta de respeto por la propiedad privada y por las garantías individuales que consagran nuestras leyes.
La Constitución da efectivamente a los gobiernos de México la capacidad de expropiar predios, pero no en cualquier circunstancia y condición. El Artículo 27 establece claramente que ?las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización?.
El Gobierno perredista encabezado por Marcelo Ebrard seguramente tratará de argumentar que ha decidido expropiar este predio de Tepito por razones de ?utilidad pública?. Por eso el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, ha señalado que en los terrenos se establecerán parques y centros deportivos y culturales para beneficiar a la comunidad. Pero la causa de utilidad pública parece estarse utilizando como una simple excusa para llevar a cabo un despojo ilegal.
Ebrard y su gente están fundamentando la expropiación con el argumento de que en esos predios había lugares en que se vendía droga. Pero la expropiación está afectando los derechos de los propietarios de cuando menos 144 viviendas y decenas de locales comerciales. Y ciertamente no se ha demostrado que todos estos propietarios hayan estado vendiendo drogas. De hecho, hasta este momento no se ha exhibido siquiera una prueba de que en alguna de estas viviendas o locales se haya llevado a cabo alguna venta de estupefacientes. Los cientos de policías que llegaron ayer a apoyar la acción no contaban, ni siquiera, con una orden de cateo.
Hay leyes que permiten, efectivamente, la incautación de los bienes que los narcotraficantes utilicen para su actividad o que hayan sido producto de un comercio ilícito. Pero el instrumento legal para esto no es la expropiación. Lo que se debe hacer en estos casos es demostrar el ilícito ante los tribunales y sólo concluido el proceso, los jueces pueden ordenar la confiscación de los bienes.
Nada de eso ha ocurrido en Tepito. De hecho, el Gobierno del Distrito Federal ha arrojado nuevamente al cesto de la basura el mandamiento constitucional que determina que ?toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales? (Artículo 17). En este caso, el Gobierno capitalino se ha convertido en parte, procurador, juez y verdugo al apropiarse de los bienes de un grupo de ciudadanos en un ?proceso? sumario en el que ha hecho acusaciones sin presentar pruebas. Ebrard no se ha molestado siquiera en acudir a los tribunales. ¿Para qué?
La intranquila conciencia de las autoridades del Distrito Federal ha quedado de manifiesto en la manera en la que han actuado: emitiendo un decreto de expropiación de manera subrepticia a través del Diario Oficial y mandando en la madrugada a cientos de policías para aplicar la orden de que en 72 horas los propietarios o locatarios desalojen predios que han ocupado en propiedad o por arrendamiento durante años o décadas.
Quizá usted, amigo lector, no viva en Tepito. Seguramente también ha escuchado las constantes afirmaciones de que este barrio no es otra cosa que un nido de criminales. Entonces, se preguntará, ¿por qué preocuparse por lo ocurrido? ¿No deberíamos aplaudir a una autoridad que dice que está actuando con el único interés de impedir que continúe la venta de droga en Tepito?
La verdad, sin embargo, es que no podemos dejar que estos abusos de una autoridad se lleven a cabo en total impunidad. Un Gobierno que actúa como lo está haciendo el del Distrito Federal, sin ningún respeto por los derechos de propiedad o por las garantías individuales establecidas en la Constitución, es un Gobierno que abusará de los derechos de cualquiera de nosotros en el momento en que se le dé la gana.
En México hay leyes promulgadas para darnos certeza jurídica a los gobernados y para protegernos de los abusos de las autoridades. No permitamos que se erosionen. Si hoy dejamos que se despoje a los habitantes de Tepito , sólo porque un Gobierno ha lanzado una acusación sin pruebas y sin recurrir a los tribunales, estaremos dejando las puertas abiertas para que cualquier gobernante, en la Ciudad de México o en cualquier lugar del país, nos despoje de lo poco o mucho que tenemos en el momento en que lo codicie.
REFRESCOS PASCUAL
Lo ocurrido en Tepito nos obliga a volver la vista nuevamente al caso de la expropiación de predios para beneficiar a la cooperativa Refrescos Pascual. El 17 de noviembre de 2005 la Suprema Corte de Justicia determinó, por 10 votos contra uno, que la expropiación de esos predios que llevó a cabo el Gobierno perredista de Andrés Manuel López Obrador era inconstitucional puesto que no podía considerarse como ?causa de utilidad pública? el beneficio de una empresa privada, aun cuando se trate de una cooperativa. Más de un año ha transcurrido y el Gobierno de la Ciudad de México simplemente se ha negado a acatar el fallo. ¿De qué nos sirven las leyes cuando los responsables de aplicarlas se resisten a aceptarlas? ¿Acaso estamos viviendo ya en una dictadura?
