En prisión. La joven con discapacidad intelectual está recluida en el Cereso Femenil de Saltillo. (CORTESÍA)
Más de 60 activistas y organizaciones de la sociedad civil de México y América Latina emitieron un pronunciamiento para exigir a las autoridades que juzguen con perspectiva de discapacidad a "Juanita", la joven torreonense con discapacidad intelectual que se encuentra recluida en el Cereso Femenil de Saltillo acusada de sustracción de menor, esto después de que la Jueza de Control Karla Mayela Bustos Rodríguez, determinara imponerle medida cautelar de prisión preventiva.
A través de un comunicado, señalaron que es importante resaltar que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la causal de procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada al juicio que se siga en su contra.
"El artículo 19 del mismo ordenamiento reconoce el derecho al respeto de la libertad personal y determina que la prisión preventiva será de carácter excepcional. La imposición de dicha medida resulta desproporcionada, dado que Juanita cumple los requisitos para no estar privada de su libertad y su situación no configura ningún riesgo de fuga: tiene residencia habitual en compañía de su familia, quien representa un apoyo fundamental y quien está comprometida a dar continuidad al proceso", expresaron.
Mencionaron que hasta el momento el proceso seguido en contra de la joven representa una vulneración a sus derechos en la medida en que no se han implementado los ajustes razonables de procedimiento, mismos que se encuentran previstos tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
"En ese sentido, desde su detención, las autoridades correspondientes no han adoptado las medidas necesarias para garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Más aún mantenerla en prisión preventiva en un centro penitenciario pone en riesgo su integridad personal y contraviene el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los estándares internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos disponen que las personas con discapacidad intelectual no deban ser mantenidas en prisión", agregaron.
En el documento, también detallaron que el Manual sobre Reclusos con Necesidades Especiales emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, establece que las penas de prisión deben ser usadas como último recurso en todos los casos; las dificultades que las personas con discapacidad enfrentan en la sociedad son magnificadas en las prisiones, dada la naturaleza del encierro y su ambiente restrictivo, y la prisión representa un castigo severo y desproporcionado para personas con discapacidad, el cual generalmente empeora su situación.
Por lo anterior y con el fin de poner un alto a la violación de los derechos humanos de "Juanita" y al riesgo a su integridad personal, los firmantes consideran necesario: Prevenir la discriminación por razón de discapacidad, y garantizar que en su proceso cuente con los ajustes razonables de procedimiento adecuados, incorporar una perspectiva de discapacidad para asegurar su derecho a la igualdad procesal, respetar las obligaciones internacionales de garantía y protección de los derechos humanos que el Estado mexicano ha adquirido y modificar su medida cautelar de prisión preventiva con el propósito de que se salvaguarden sus derechos humanos. Mas información la pueden encontrar en: www.documenta.org.mx
