Se amparan contra el retiro de su vivienda

Más de 100 ciudadanos en Torreón y Gómez Palacio se han amparado en contra del retiro de su vivienda por parte del Infonavit, pero se estima que hay más de mil 500 casos en la región lagunera y la mayoría de los afectados aún no se ha dado cuenta.

Esta problemática data del año 2012, cuando era alcalde Eduardo Olmos y la violencia obligó a muchos laguneros a abandonar sus casas y mudarse a otras regiones donde la inseguridad era menor. Ante esta situación, el Infonavit buscó recuperar las viviendas a través de dos procedimientos, mediante acuerdos con la Tesorería por el adeudo del Predial y ante jueces civiles.

"El problema es que el Infonavit no hizo el procedimiento en la forma adecuada", explicó Eduardo Ávila Vázquez, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es decir, Infonavit debió acudir ante un juez de lo civil a demandar el vencimiento anticipado del contrato, bajo la causa de que la persona no la habitaba, pero como eso representaba tiempo y costo, el instituto optó por realizar convenios con la Tesorería en Torreón y Gómez Palacio, con el argumento del adeudo en el Impuesto Predial. En este sentido, hubo desplegados donde se remataron hasta 800 casas, sólo de Torreón.

La Tesorería, como autoridad fiscal, podía aplicar un embargo directamente ante la falta de pago, de modo que hubo casos donde el ciudadano debía 200 pesos de Predial y se le embargó la vivienda, mediante un procedimiento administrativo de ejecución, en sólo 15 días.

Las casas se sacaron a remate y hubo casos en los que fueron compradas por constructoras, incluso algunos en los que otros particulares las adquirieron. Sin embargo, hubo irregularidades en cuanto a la notificación, pues el personal de Tesorería únicamente acudía en una ocasión y determinaba que la casa estaba sola, aunque el propietario estuviera en el trabajo. Una parte de los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de este retiro hasta que el patrón dejó de descontarles el Infonavit, otros cuando llegaron los nuevos propietarios a pedirles que dejaran la casa.

"Los mandamos al Registro Público de la Propiedad a pedir el certificado de gravamen y ya aparece como propietario el Infonavit, alguna constructora o incluso un particular, entonces promovemos el amparo alegando la violación a la garantía de audiencia del propietario inicial de la vivienda sobre la base de que nunca se le notificaron el procedimiento", explicó. Entonces, Tesorería debe exhibir los documentos y es cuando se observa que no está bien circunstanciada la notificación, por lo que se han concedido los amparos, que se han ganado sobre esta base, pues el efecto es nulificar todo el procedimiento y el ciudadano sólo debe cumplir con el adeudo del Predial. En el segundo caso, se realizaron edictos por parte de los jueces civiles sin recabar informes de dependencias para conocer el domicilio actual del propietario. El asesor indicó que se giran oficios para ver si en sus registros están los datos de los propietarios, a fin de salvaguardar su derecho de audiencia, sin embargo, no se cumplió con este paso, por lo que se les privó de su derecho de comparecer. Ávila indicó que esto tuvo como consecuencia que los jueces de distrito concedan el amparo para el efecto de que se deje insubsistente todo ese procedimiento y se notifique legalmente al propietario. De estos casos se tienen alrededor de 10 en el Instituto de la Defensoría, sin embargo, en Gómez Palacio se hicieron demandas colectivas en este sentido por parte del Infonavit, por lo que se estima que hay una gran cantidad de ciudadanos que aún desconocen esta situación en su vivienda.