'Mi gobierno condena cualquier intervención a la vida privada de activistas o de cualquier ciudadano', aseguró Enrique Peña Nieto. (EFE)
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, negó hoy que su gobierno espíe a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, y aseguró que ha ordenado a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investigar las acusaciones hechas en ese sentido.
"Somos un gobierno que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona", dijo Peña Nieto durante la inauguración del Parque Industrial en Lagos de Moreno, estado occidental de Jalisco.
El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron espiados a través de sus teléfonos móviles mediante un programa informático denominado "Pegasus".
Al respecto, el presidente señaló que en una democracia "no cabe intervenir de manera ilegal en la vida privada de ningún ciudadano".
Indicó que ha girado instrucciones a la PGR "para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado, para que con celeridad y prontitud pueda deslindar responsabilidades".
Aseguró que la tecnología con que cuenta el Gobierno es utilizada para mantener condiciones de seguridad para la sociedad y para combatir al crimen organizado.
Asimismo, declaró que la mexicana es una sociedad en que "las más de las veces nos sentimos espiados" y agregó que él mismo, como presidente, ha recibido mensajes de fuentes desconocidas.
"A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado", expuso.
El mandatario sostuvo que nadie puede afirmar que su gobierno haya sido condescendiente o no haya tolerado la crítica, y añadió que el Ejecutivo reconoce que la misma enriquece el actuar de las autoridades.
Consideró que "resulta muy fácil convocar para que se señale al Gobierno como una entidad que espía", y agregó: "Nada más falso que eso".
Peña Nieto aseguró que ninguna persona de las que se sienten agraviadas puede afirmar o mostrar evidencias de que su vida se haya visto afectada "por estas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje".
"Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos", acotó.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro Agustín Pro Juárez, criticaron la declaración de Peña Nieto al señalar que "sin esperar a que la investigación siquiera iniciara, el presidente condenó al fracaso la indagatoria".
El Centro, la entidad Article19, la Red de Defensa de los Derechos Digitales y la organización El poder del consumidor, señalaron que al condenar al fracaso las investigaciones, restar importancia a las intervenciones y proferir "una preocupante amenaza a las y los denunciantes", Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, expresó el compromiso de la institución "a realizar una investigación pronta, seria, científica y técnica" respecto a las denuncias presentadas por diversas personas.
Indicó que se han iniciado las diligencias necesarias "para determinar lo sucedido con base en pruebas científicas, entre ellas la fijación y la extracción de los mensajes y la información del malware de los equipos presuntamente afectados".
Precisó que han sido "aproximadamente" ocho defensores de los derechos humanos los que presentaron denuncia por la intervención de sus comunicaciones.
