La investigación del periódico Reforma, según la cual el gobierno de Rubén Moreira Valdez sustrajo en los últimos meses ciento sesenta millones de pesos de dinero público al amparo de facturas falsas, es una raya más en el tigre de la corrupción que devora el patrimonio y el bienestar de los coahuilenses.
A las acusaciones públicas, el interpelado responde con el cinismo que lo caracteriza y en medio de un bostezo, asegura que se ha enterado del ilícito por la prensa y que es a la Secretaría de Finanzas del Estado a la que corresponde aclarar la situación y sugerir si en un momento dado, es necesaria una auditoría por parte de la Controlaría de la entidad.
La actitud indiferente del personaje en cuestión, pone a la opinión pública en la alternativa única de suponer que su gobernador es un ladrón o un inútil que como tal, es incapaz de cuidar los bienes públicos que son a su cargo. En todo caso, está claro que los Moreira han erigido una estructura de saqueo e impunidad, que funciona de manera sistemática en agravio del patrimonio de los coahuilenses. Se puede decir, que esta política pública es la única que funciona de manera eficiente en el desgobierno que padecemos.
La megadeuda de Coahuila es tan sólo una cara del problema que aqueja a la entidad, porque existe una red de corrupción que invade todas las esferas de la administración pública estatal, en el que en muchos casos, los nombramientos de los funcionarios públicos en el Moreirato, suelen asignarse con el compromiso de pagar cuota, cuyo monto es determinado por la importancia de cada puesto o dependencia, desde la cúpula de las Secretarías de Estado, hasta el más humilde crucero vial.
Los sueldos miserables que se pagan a la tropa burocrática y que son un veinte por ciento menores a los percibidos en tiempos de Enríque Martínez y Martínez, se compensan con una expresión que se repite desde la cúpula del Moreirato: Si no les alcanza es problema de ustedes, ya se les puso donde hay…
A ello se debe la mediocridad que es el signo de identidad de éste y el anterior gobierno, la deficiencia de los servicios públicos y la escaza inversión en infraestructura que carcome la calidad de vida de los coahuilenses y compromete el destino de nuestra Patria Chica.
Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que este nuevo escándalo de corrupción estalla dos días después de que la prensa de San Antonio en el vecino Estado de Texas, anunciara el decomiso de una casa a la suegra de Humberto Moreira Valdés, con motivo del proceso penal seguido en el caso "Conexión Coahuila", en el que ha quedado claro que una gran parte de los recursos que originaron la megadeuda, fue malversado y llevado a bancos de los Estados Unidos.
Frente a lo acontecido, la ciudadanía reacciona mediante una múltiple interpelación que surge de los organismos empresariales, de los grupos intermedios de la sociedad, de los partidos de oposición y del ciudadano de a pie, que con la misma tenacidad con la que los Moreira lucen con regodeo su condición delincuencial, reiteran su exigencia de que se les investigue y se les castigue.
No falta una tendencia pesimista alentada por los mismos verdugos a través de estructuras negras que han construido al interior del cuerpo social para intoxicarlo, que desalientan la denuncia y descalifican el reclamo y la protesta porque según este punto de vista, la impunidad permanece incólume y al cabo "no pasa nada".
Viendo lo que ocurre con el aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en que en la exigencia de los ciudadanos ha impulsado a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda a iniciar una investigación por lavado de dinero para castigar a los responsables de un saqueo semejante al que nos ocupa, los Moreira deben poner sus barbas a remojar.
Si para que la justicia federal actúe, es necesario como condición previa el que los culpables sean echados del poder que en forma indigna ostentan, los coahuilenses ya saben la receta y se aprestan a hacer lo necesario, para que así ocurra en las elecciones estatales del año entrante.
