El procurador de Coahuila, Homero Ramos, dijo a diputados locales que no hay ejercicio de la acción penal contra el también exdirigente nacional del PRI, debido a que el dinero solicitado de forma ilegal durante su administración ingresó a las arcas estatales. (TWITTER)
El reconocimiento de la deuda bancaria de Coahuila por parte del Congreso local en 2011, fue un factor de peso para que la Procuraduría de Justicia del Estado desechara las acusaciones contra exfuncionarios estatales, entre ellos el propio exgobernador Humberto Moreira.
El procurador de Coahuila, Homero Ramos, dijo a diputados locales que no hay ejercicio de la acción penal contra el también exdirigente nacional del PRI, debido a que el dinero solicitado de forma ilegal durante su administración ingresó a las arcas estatales.
"Hay diligencias que nos permiten establecer que independientemente de la irregularidad en que se pidieron (los créditos), sí ingresaron al patrimonio de Coahuila".
-¿Cómo determinó que el dinero solicitado de forma ilegal entró al Gobierno de Coahuila?- se le cuestionó al procurador en entrevista.
-Auditorías, peritajes subsecuentes y una serie de conclusiones diligentes; hay un reconocimiento de la deuda y las supuestas partes afectadas sí ven los contratos- respondió.
La tarde de ayer el procurador compareció ante la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Coahuila para informar sobre la investigaciones relacionadas a la contratación ilegal de la deuda de Coahuila durante la pasada administración.
"Al momento de legalizar la deuda por parte del Congreso de Coahuila, en 2011, esto ayudó a la exoneración a los involucrados... es una Procuraduría que no ha investigado y no nos vamos a quedar así", dijo el líder de la bancada panista, Jesús de León.
En agosto de 2011 el gobierno estatal, que estaba a cargo de Jorge Torres como interino, reconoció una deuda de más de 36 mil millones de pesos que no fue declarada en años anteriores en las cuentas públicas. Además 5,200 millones fueron contratados con documentos falsos.
Ante la presión de los bancos, el gobierno pidió al Congreso local la aprobación de una reestructura bancaria, la cual fue aprobada por la fracción priista que era mayoría.
Algunos de los diputados de esa legislatura, la LVIII, son: Hilda Flores, hoy senadora; Enrique Martínez y Morales, delegado de Sedesol en Nuevo León; Francisco Tobías, Shamir Fernández y Verónica Martínez, nuevamente diputados locales.
También estuvieron Raúl Onofre, alcalde de Matamoros; Juan González, alcalde de San Pedro; Salvador Hernández, secretario general de la UAdeC, y Jaime Russek, director de Fomento Económico de Torreón, entre otros.