El grado en que los latinoamericanos seamos capaces de unirnos en una gran región socioeconómica como hace años ha sido una aspiración se desvanece frente a nuestra necesidad de vivir en paz, en libertad para en ellas poder decidir y resolver los diarios dilemas de nuestro desarrollo. No se puede avanzar en un clima de peligros y constante zozobra. El acuerdo de desarme y fin de hostilidades entre el gobierno colombiano y las FARC empieza una nueva era para América Latina.
Llegan a su fin 52 años de violencia y guerra en una de las regiones más fértiles de América, con una población empobrecida que espera atención a sus carencias de trabajo y educación.
Se nos dice que en estas cinco décadas la guerra intestina en el trópico colombiano ha cobrado más de 200 mil muertos un promedio de 4,000 al año, cifra inferior a la de 80,000 que algunos calculan se dieron en México en los últimos diez años en la guerra contra el narcotráfico.
Durante esos conflictos, los militares colombianos combatieron directamente contra las FARC que constituyen una organización formalmente reconocida, a nivel nacional e internacional. En México, por el contrario, las muertes se produjeron en un contexto totalmente diferente. Las mafias que se adueñan de vastas zonas del país se organizan, no bajo el mando de líderes ideológicos para luchar por objetivos políticos bien claros, como sucedía con las FARC, sino el de siniestros capos para dedicarse al tráfico de drogas, a secuestros y extorsiones de todo tipo, al tráfico de personas y al comercio de pornografía infantil.
El acuerdo de desarme que se anunció ayer en La Habana, se realizó gracias a la intermediación de líderes mundiales, empezando por Raúl Castro, presidente cubano, acompañado por los presidentes de México, Brasil, Venezuela y Chile y el testimonio del secretario general de las ONU. Aunque el acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC se firmará más adelante nadie duda que los compromisos de ayer son firmes.
En el caso de México, cualquier número de mafias y bandas criminales, además de extender sus crímenes a toda la república y al extranjero, chocan violentamente entre sí para defender sus intereses y cotos de poder territorial. No hay ideologías en juego.
Los acuerdos de La Habana que ahora se anuncian fueron posibles porque las FARC son una entidad identificable con jefes y representantes. En el caso de México, ningún pacto ni diálogo puede ser posible ya que los capos son tantos como las mafias. El papel del gobierno es la de imponer orden y garantizar la seguridad de personas y pertenencias.
Un conflicto que sí puede calificarse como genuinamente político es el del gobierno al que se enfrenta el grupo disidente del sindicato de maestros. La CNTE se rebela contra la reforma educativa y sus duras posiciones son netamente anarquistas y se lanzan en contra de las leyes e instituciones democráticas que ellos definen como burgueses y capitalistas.
Sin un clima de respeto al estado de derecho no será posible para Colombia, aún llegándose a firmar el tratado de paz que se calcula será en seis meses, si no se garantiza un verdadero estado de derecho que proteja a la ciudadanía. Es indispensable, por lo tanto, el respeto a los principios que establezcan seguridad para todos.
Hay en México una larga historia de conflictos entre los gobiernos y sabemos que los cambios en las estructuras y las transformaciones necesarias en los paradigmas del progreso, por mucho que sean teórica y académicamente válidas, no se realizan por la mera vía militar. El cambio de los paradigmas no se logra por la fuerza.
La experiencia de las FARC prueba lo anterior. Los cincuenta años de guerrilla no bastaron, tampoco otros tantos. Las "revoluciones" por las que mueren los valientes acaban siendo siempre negociadas. Todas las guerras terminan en la mesa de negociación después de desgastarse en incontables muertes. América Latina tiene que felicitarse porque se ha dado un paso trascendente en la eterna brega por la democracia y la justicia social.
