— Lorenzo Meyer
"Mátelos a todos y que Dios elija a los suyos" fue la orden atribuida al abate de Poblet que en 1209 encabezaba a las fuerzas del Papa contra los "herejes" albigenses de Béziers, Francia, y tenía problemas para distinguir entre católicos verdaderos y quienes simulaban serlo. Pues bien, de algo parecido se acusa al gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Y es que hoy son muchas las bajas en los enfrentamientos con fuerzas federales, (The New York Times, 26 de mayo).
A México, como a otros países con problemas de seguridad, un mundo lo vigila: la comunidad internacional: gobiernos, organismos, medios de información y las ubicuas organizaciones no gubernamentales.
Hubo un tiempo largo en el siglo pasado en que frente a los pocos reclamos que desde el exterior se le hacían por acciones represivas, el gobierno mexicano pudo argumentar con éxito que lo que sucedía dentro de sus fronteras era cuestión interna y los desechaba por ser intervenciones ilegítimas. Hoy esa política ya no opera. Por eso las críticas externas a las acciones u omisiones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos ya no pueden descalificarse como antes y sí debe reconocerse y contestarse. Y lo mejor sería contestar no con declaraciones del tipo "el gobierno de México está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos humanos" sino con argumentos. Por ejemplo, ante la sospecha de que en Tlatlaya se interrogó y luego se ejecutó a los prisioneros tomados la madrugada del 30 de junio de 2014, se debe responder con explicaciones puntuales, bien sustentadas y creíbles, que desmonten o que lleven a modificar conductas.
Hace unos días Open SocietyFoundations, (OSF), una organización con sede en Nueva York y patrocinada por el acaudalado y peculiar George Soros, publicó un reporte de 218 páginas titulado: Undeniable atrocities. Confronting crimes against humanity in Mexico. ("Atrocidades innegables. Crímenes contra la humanidad en México") y que expone la brutalidad del crimen organizado, en particular de los "Zetas", pero también casos en que las propias autoridades actúan fuera de la ley.
El consorcio OSF, opera en más de cien países para apoyar la construcción de"sociedades abiertas", es decir, de unas donde se respeten los derechos ciudadanos, el gobierno rinda cuentas y nadie pretenda tener el monopolio de la verdad. Su primera acción fue en la Sudáfrica de 1979 -once años antes de la liberación de Mandela-, luego se enfocó en la Europa del Este, cuando aún existía la URSS, y ahora es mundial.
El reporte de la OSF fue elaborado por un equipo norteamericano y mexicano encabezado por Eric A. Witte, su objetivo fue examinar los efectos negativos de "la guerra contra el narco" de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (abarca de diciembre de 2006 a diciembre de 2015) y tuvo como modelo estudios previos en tres países con graves problemas de crímenes contra la humanidad: la República del Congo, Uganda y Kenia. Si bien el estudio aborda la problemática a nivel nacional, fija su atención en cinco estados -Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro. La investigación y redacción llevó cuatro años y sus bases son reportes oficiales y de organizaciones con conocimiento del tema, más un centenar de entrevistas con funcionarios, expertos nacionales e internacionales, activistas y con familiares de víctimas y sobrevivientes.
El estudio de la OSF es claro y elaborado con las normas propias de las ciencias sociales, tiene tantas o más notas que una tesis doctoral -1,243- para sostener que los brazos armados del Estado mexicano han actuado como el abate de Poblet en el siglo XIII: han eliminado extrajudicialmente a muchos, a quienes han percibido como criminales más a un buen número de "falsos positivos" y de "daños colaterales".
El estudio concluye que "hay bases razonables [las definidas por los fiscales en la Corte Penal Internacional de La Haya] para creer que tanto actores estatales como no estatales han cometido crímenes en contra de la humanidad en México" (p. 12).
La OSF considera que el Estado mexicano sí cuenta con los recursos materiales y humanos para poner fin a la impunidad con que se violan los derechos humanos, pero falla su voluntad política. Para superar este obstáculo sugiere acudir a la ayuda internacional. Aunque no lo dice la recomendación es clara: México debería seguir el camino de Guatemala para superar las resistencias internas a investigar los muchos casos en que la ola de violencia que se inició en 2007 -150 mil homicidios intencionales en entre 2007 y 2015 (pp. 35-36) y un número de desaparecidos indeterminado, pero mayor de los 26 mil que comúnmente se citan (p. 15)- desembocó en crímenes contra la humanidad. En buena medida esos homicidios y abusos han sido obra de las organizaciones criminales, pero una parte importante los cometieron quienes, por principio, estaban obligados a no hacerlo so pena de perder su esencia: los órganos del Estado: las policías y las fuerzas armadas.
Lo deseable, aunque poco probable, sería responder al estudio de la OSF no con las generalidades de siempre sino con documento similar, bien armado y, sobre todo, con un cambio de política, producto de un examen a fondo de las causas y efectos de la violencia mexicana.
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