La representatividad ciudadana es a los parlamentos lo que la pericia a los gabinetes. Si en un ayuntamiento o congreso la cualidad esencial de sus integrantes está en qué tanto representan los intereses de los ciudadanos, en un poder ejecutivo lo que importa es la experiencia y capacidad de sus miembros. Para lamento público, en ambos aspectos se falla en México. Ni los regidores, diputados y senadores tienen el hábito de llevar a las asambleas el sentir y opinar de sus supuestos representados a la hora de proponer o votar iniciativas, ni los directores o secretarios de los gobiernos cuentan con la experticia probada para desempeñar el cargo que se les ha asignado. No obstante, si en el primer caso al menos se puede presumir que han llegado gracias al voto del electorado -a excepción de regidores y legisladores plurinominales-, en el segundo no existe filtro alguno salvo el criterio único del gobernante en turno o, en su defecto, de su partido. Que un alcalde, gobernador o presidente haya designado a una persona en un puesto no significa que ésta tenga los conocimientos suficientes para la tarea asignada. La mayoría de las veces se trata de compromisos hechos antes de las elecciones, cuando no de favores a amigos, compadres o, en el colmo de los casos, familiares.
Cuando se habla del manejo de la nómina de los gobiernos, la crítica suele enfocarse exclusivamente en el volumen de gasto que genera. No es que este dato carezca de importancia, sino que puede ser el principio de un problema más profundo. El Siglo de Torreón publica hoy en su portada una nota de la reportera Lucía Pérez en la que se establece que los ayuntamientos de Coahuila, en conjunto, aumentaron 19 por ciento sus erogaciones por concepto de servicios personales entre 2013 y 2015. Esto quiere decir que los gobiernos locales no han hecho la tarea en cuanto a la aplicación de los anunciados programas de austeridad que hoy son obligados por los recortes que la Secretaría de Hacienda viene realizando desde el año pasado. Pero quiere decir también que no existe un control adecuado de este gasto, y esta falta de control demuestra una ausencia de análisis sobre la operación y estructura del gobierno. Sin embargo, ¿cómo esperar que en el grueso del gabinete haya una evaluación acorde a las necesidades y capacidades financieras de una ciudad si ni siquiera en el primer nivel de mando se presenta? La discrecionalidad en el manejo de la nómina va más allá del monto que se le destina mes a mes.
Algo similar ocurre con los gobiernos estatales y el federal. Los secretarios, aquellas personas encargadas de llevar a la práctica los planes de los gobernadores y el presidente, son seleccionados bajo criterios por demás cuestionables. ¿Por qué este individuo a Desarrollo Económico? ¿Por qué aquél a Obras Públicas? ¿Por qué el otro a Finanzas? ¿Por qué ella a la Procuraduría o Fiscalía? No hay un proceso lógico y transparente de designación de los integrantes de un gabinete. Tampoco lo hay a la hora de hacer los cambios. El único criterio que impera es el del alcalde, gobernador o presidente, como si el Poder Ejecutivo fuera una empresa familiar en donde el director quita y pone a discreción a los gerentes de los departamentos. Sólo ellos saben por qué tienen a esa gente ahí. Pero se trata de una empresa con poco futuro, porque hay muchas empresas que cuentan con criterios de eficiencia y evaluación más claros que los de cualquier gobierno en este país.
Resulta a todas luces contradictorio que por parte del gobierno federal exista hoy una exigencia puntual -muy necesaria- de someter a estricta evaluación a todos los maestros en todos los estados para ver si son aptos para obtener una plaza o pararse frente a grupo, mientras que a nadie se le ha informado cuáles fueron los exámenes o pruebas que presentaron quienes ocupan las secretarías educativas, empezando por Aurelio Nuño, titular de la SEP. Es decir, el gobierno no está dispuesto a hacer lo que tanto y tan vehementemente demanda de la base magisterial. Si se aspira a contar con personal más capaz en el proceso educativo, lo lógico y congruente es comenzar por abrir un procedimiento de selección para quienes se encuentran a la cabeza de dicho proceso. Y esto se debería replicar en los demás ámbitos del sector público y en todos los niveles. A grandes rasgos, se trata de construir un servicio civil de carrera, como se estila en el diplomático -aunque no siempre se respete-, en donde la eficiencia, la capacidad y la experiencia sean la norma medible, y no el compadrazgo, el beneficio familiar o el compromiso electoral.
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